Usos y abusos de la JNJ

Recurrir a la Junta Nacional de Justicia para denunciar la inconducta jurisdiccional de un juez o fiscal, para que este organismo tome conocimiento de los hechos cuestionados y evalúe el desempeño de este magistrado en el marco de los fines de este organismo, es un derecho ciudadano, el cual puede ser usado o abusado, según la veracidad y el objetivo de la denuncia.
La denuncia interpuesta contra la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janeth Tello Gilardi, por una supuesta interpretación errónea de una norma derogada en una sentencia, que ha ocupado muchos titulares en distintos medios de comunicación, con el énfasis de que daría lugar a la destitución de esta magistrada, tiene claros ribetes de falsa denuncia con motivos políticos para sacarla del cargo y reemplazarla por alguien manejable a los intereses políticos que se juegan de aquí al 2026.
Lo mismo ocurre con la fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza Valenzuela, quien ha llegado a ser fiscal suprema y fiscal de la Nación luego de una intachable carrera judicial, que pretenden mellar con denuncias y titulares de desprestigio, enfatizando la posibilidad de que la Junta Nacional de Justicia también la destituya.
Lo que refleja el abuso del derecho de recurrir a este organismo, con una finalidad inocultablemente política, para poner en cuestionamiento a magistradas que están haciendo bien su trabajo y que, por no ser negociables ni amedrentables, son un enorme estorbo para la corrupción.
No le hace ningún bien a la democracia ni a la preservación de las instituciones del Estado que se estén tolerando estos abusos contra magistrados honestos y competentes, porque se advierte una persecución de la corrupción contra la eficiencia y la honestidad en los organismos del sistema de administración de justicia, que buscan sacarlos del sistema para reemplazarlos por jueces y fiscales ad hoc a sus intereses de impunidad y afianzamiento de un fraude electoral anunciado para el 2026.
Hacemos votos para que la Junta Nacional de Justicia ejerza sus funciones, no permitiendo el abuso del derecho de acción ante sus fueros y para que tenga el cuidado de observar el montaje de campañas contra magistrados que son denunciados ante este organismo con fines de desprestigio y socavamiento de su autoridad, e impedir que ejerzan debidamente sus funciones.
Sería muy necesario que la Procuraduría de la JNJ proceda a denunciar penalmente a los denunciantes maliciosos una vez demostrado que presentaron denuncias infundadas con el objetivo doloso de dañar la imagen de un magistrado y promover indebidamente su destitución. Se acabaría el uso indebido de esta institución.

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