Urgente solución…

Mucho se habla en el Perú de interculturalidad, no discriminación e inserción social, pero el deleznable hecho de las masivas agresiones sexuales cometidas en contra de menores estudiantes en los territorios en los que se asientan las comunidades nativas Awajún y Wampis, han desnudado la prédica vacía sobre la vigencia del Estado de derecho y la ausencia estatal en dichas latitudes.

Ya las desafortunadas declaraciones del ministro de Educación de la ministra de la Mujer demostraron una absoluta falta de conocimiento sociológico, antropológico y jurídico al no poder diferenciar una sociedad minoritaria regida por el derecho consuetudinario, de la sociedad mayoritaria regida por la Constitución y las leyes, para poder establecer los límites de los usos y costumbres ante la Constitución y la ley.

El acceso carnal contra menores de edad es un delito severamente sancionado y a este respecto no hay islotes de impunidad, ni por condicionamientos culturales ni por el derecho consuetudinario. Es delito, tanto en la sociedad minoritaria como en la mayoritaria, por ende, debe perseguirse, tanto más que estaríamos ante la agravante de haberse cometido por docentes contra sus alumnos.

Lo que escandaliza es saber que estos hechos no son recientes, sino que ya las autoridades tenían conocimiento de su existencia desde hace muchísimo tiempo, tal vez cercana a una década, motivo por el cual tanto autoridades administrativas como políticas buscan desesperadamente la imprescriptibilidad de tales hechos para evitar la siempre inaceptable impunidad ante el daño consumado.

Sin embargo, la situación se torna aún más confusa porque, aparecen señoras Awajún exigiendo investigación y sanción con críticas directas contra los ministros de las repudiables expresiones, pero luego se conoce que la mayoría de las agresiones se realizaron en locales donde pernoctaban los estudiantes en condiciones de alta vulnerabilidad, sin que nadie hasta la fecha explique la razón de la existencia y descuido de estos inmuebles ni quiénes eran los responsables del respectivo control, aunque ahí no acaba la cosa, porque los medios han publicado declaraciones de algunos fiscales quienes sostienen que sus investigaciones se ven entorpecidas por la oposición de los nativos quienes llegan a impedir la detención de los responsables, pero sin indicar el grado de avance de esas investigaciones y de las diligencias realizadas o declaraciones recibidas o exámenes médico legales practicados; igual sucede con las autoridades educativas que responden confusamente sobre la no suspensión de los presuntos responsables y su inmediato reemplazo por otros docentes, sin tampoco indicar qué investigaciones realizaron, diligencias especiales, descargos, entre otros, para únicamente afirmar que no cuentan con presupuesto para el reemplazo porque los imputados deben seguir recibiendo su remuneración hasta que se decida su destitución.

En este entramado delirante de un ping-pong sociológico, antropológico y jurídico, representantes de la comunidad Wampi han emitido un pronunciamiento amenazando con hacer justicia por mano propia si el Estado no cumple con su deber. Queda una tarea compleja, pero el Estado no puede seguir impasible.

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