Urgente: Ministerio de Infraestructura para Educación y Salud

Desde el Acuerdo Nacional de 2002 se estableció una meta ambiciosa de elevar el presupuesto educativo hasta el 6% del PBI a través de incrementos anuales de 0.5%. Esta propuesta fue presentada entonces por Mercedes Cavanillas (APRA), José Linares Gallo (PPC) y Juan Abugattás (Perú Posible).
A más de dos décadas, se observa que el presupuesto proyectado para 2025 alcanzará el 5.1% del PBI, por primera vez por encima del 5%. Sin embargo, este incremento no ha resuelto la brecha estructural que persiste en los colegios del país, donde miles de escolares continúan expuestos a riesgos mortales frente a un sismo de apenas 7 grados.
En mi opinión, hoy resulta prioritario que el íntegro de la inversión del Ministerio de Educación se destine de manera urgente a garantizar la seguridad de las escuelas en riesgo de colapso, en lugar de continuar edificando colegios Bicentenario o de Alto Rendimiento. El problema se agrava porque, año tras año, se habilitan colegios sin medir adecuadamente el peligro que enfrentan los estudiantes en locales tan vulnerables.
El panorama es crítico: el 51% de los locales escolares de educación básica presenta deficiencias, lo que equivale a 28,000 colegios sin condiciones adecuadas que afectan a 1.3 millones de estudiantes. La brecha de infraestructura educativa ascendía en 2023 a S/174,603 millones, incluyendo carencias de agua, electricidad, saneamiento y mantenimiento. Según el entonces ministro Óscar Becerra, alrededor de 1,500 colegios estaban en riesgo de colapso.
En Lima Metropolitana, más de 350 colegios se encuentran en “alto riesgo” y la Defensoría del Pueblo denunció que más de 4,000 estudiantes en Chorrillos estudian entre grietas, desechos constructivos y tuberías dañadas.
El Perú es una de las zonas más sísmicas del mundo. El terremoto de junio de 2025 en Lima y Callao, de 6.1 grados, dañó 182 instituciones educativas, incluidos cinco colegios Bicentenario; uno de ellos debió pasar a clases remotas. Esto confirma la urgencia de contar con infraestructura segura y adaptada a la realidad del país.
A lo largo de los años se han impulsado programas como los COAR, Colegios Emblemáticos y Colegios Bicentenario. Sin embargo, se concentran en zonas urbanas y no cambian la realidad general. La brecha sigue intacta, especialmente en áreas rurales, andinas y amazónicas, donde las condiciones son mucho más precarias.
En su discurso por Fiestas Patrias de 2024, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, anunció la creación del Ministerio de Infraestructura, con el objetivo de impulsar proyectos equitativos en sectores prioritarios como educación y salud.
El planteamiento es claro: sin escuelas seguras y hospitales en condiciones adecuadas, es imposible garantizar derechos fundamentales. Este ministerio no solo buscaría ejecutar más obras, sino darles sostenibilidad, reducir la corrupción y garantizar transparencia en sectores donde la infraestructura deficiente atenta contra la vida. En salud, la falta de hospitales equipados en regiones rurales genera muertes evitables; en educación, los locales inseguros exponen a los estudiantes al colapso ante un sismo o a condiciones indignas que afectan su aprendizaje.
Por ello, la creación de este ministerio no debe entenderse como un mero cambio administrativo, sino como un cambio de enfoque en la política pública: concebir la infraestructura como pilar del bienestar social, donde educación y salud son prioridades gemelas. En educación, permitiría priorizar la seguridad escolar, acelerar proyectos de reconstrucción y garantizar transparencia en el gasto. En salud, corregiría la disparidad en el acceso a hospitales y reforzaría la capacidad de atención en emergencias y de sostener servicios básicos hospitalarios en cada región.
En síntesis, el avance presupuestal al 5.1% del PBI en 2025 es insuficiente si no se traduce en condiciones dignas y seguras para los estudiantes. La infraestructura escolar y sanitaria sigue siendo una deuda histórica. La amenaza sísmica está latente, los recursos permanecen concentrados y la ejecución de obras es lenta e ineficiente, muchas veces marcada por la corrupción.
La creación del Ministerio de Infraestructura abre una ventana de esperanza que no debe desaprovecharse. Es momento de transformar el discurso en acciones: priorizar el mantenimiento y la construcción de infraestructura resiliente, garantizar ejecución presupuestal eficiente y descentralizada, y asegurar que cada colegio y cada hospital del país respondan a estándares mínimos de seguridad y dignidad. Solo así podremos decir que hemos honrado nuestro compromiso educativo y sanitario con todas y todos. En lo que queda del mandato de la actual presidenta Dina Boluarte, quien en su discurso del año pasado nos dijo que estaba presentando un proyecto para la creación del ministerio de infraestructura, se debería dar prioridad a esa gestión.

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