Urge la reforma del sistema de justicia

Betssy Chávez Chino, ex primera ministra golpista, no fue excarcelada por absolución de alguno de sus cargos. Está libre por gravísimos errores procesales cometidos por la Fiscalía y el Poder Judicial. Ambos llegaron a vulnerar sus derechos constitucionales, forzándola a seguir detenida arbitrariamente debido a una negligencia procesal del Ministerio Público detectada por el Tribunal Constitucional; tras lo cual se ordenó su liberación. Repasemos cómo ocurrió este garrafal error.
El 19 de diciembre del año pasado venció el plazo de la prisión preventiva que un juez impuso a Chávez Chino en 2023. Y en vez de que, con la debida anticipación, la Fiscalía solicitara extender el plazo de aquella medida, lo hizo apenas un día antes de vencer el plazo. En consecuencia, la ampliación fue dictada ocho días después de vencido el mandato original, durante el cual Chávez estuvo presa sin orden judicial vigente. Inmediatamente el TC declaró nulos los actos procesales y ordenó su inmediata excarcelación.
En el caso de Martín Vizcarra, este sujeto fue liberado por la Tercera Sala Penal Nacional, que le revocó una prisión preventiva de cinco meses, la que continuaba cumpliendo por disposición del magistrado Jorge Chávez Tamariz, juez que viene procesándolo por presunto cohecho pasivo en los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua”. Se le acusa de haber recibido S/ 2,3 millones en sobornos. En este caso, el juez Chávez Tamariz concluyó que Vizcarra carecía de arraigo familiar, porque sus hijos mayores eran independientes y su hijo menor vivía con su madre en Moquegua. No obstante, la sala consideró inexacta o falsaria esa conclusión, porque en un allanamiento de marzo de 2024 se constató que Vizcarra convivía con su esposa Maribel Díaz y su hijo menor en Lima.
Ello implicaría que muchos jueces no aplican las leyes coherentemente, permitiendo al reo ganar ventajas indebidas que reducirán los plazos de su condena. Concretamente, lo que existe es un caótico sistema de justicia que incurre en decisiones procesales fuera de plazo y/o sin suficiente motivación, llegando a extremos de facilitarle la libertad a asesinos y/o a corruptos. Todo este estado de descomposición por el que atraviesa nuestra justicia acarrea un gravísimo riesgo de impunidad, porque los procedimientos se siguen manejando de manera calamitosa, casi siempre dándoles beneficios a los criminales. Y permanecerá así, mientras la Fiscalía y el Poder Judicial no corrijan sus procedimientos ni refuercen las medidas para evitar fugas y/o interferencias que favorezcan al crimen.
Los yerros siguen repitiéndose, sentando precedentes cada vez peores, como refleja lo ocurrido esta vez con Chávez Chino y Martín Vizcarra. Hace un cuarto de siglo que esa llamada “justicia peruana” atraviesa por un momento sumamente crítico. Nadie —ni los jueces ni los fiscales— puede negar el inconmensurable tsunami criminal que asola nuestras calles, ni que este se origina —en gran medida— en el funesto “sistema de justicia” que desde entonces impera en el Perú.
¡Se impone, pues, una inmediata y total reconstrucción de nuestras reparticiones de justicia! Desde la JNJ, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional.

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