Universidad y sociedad: el compromiso social más allá de los claustros universitarios
Paralelamente al rol que la Constitución le asigna a las universidades, en sentido de desarrollar la investigación científica, generar conocimientos formando profesionales, está prevista la trascendental labor de la interacción con la sociedad, que las vincula de manera directa con sectores sociales de la población, cuyos derechos si bien están reconocidos constitucionalmente, en la realidad fáctica continúan pendientes de su materialización, debido a las asimetrías aún imperantes en el país.
Bajo ese contexto, debemos asumir que el principal desafío de las universidades en el Perú radica en la capacidad de combinar los cambios institucionales formales con la creación y expansión de prácticas de una cultura solidaria e innovadora, tomando en cuenta que el autodesarrollo para todos sólo es posible en una sociedad participativa, donde existe atención por los problemas colectivos y se fomente una conciencia individual y colectiva sabia, capaz de interesarse de forma continua por el reconocimiento de su dignidad como persona.
Se trata, por consiguiente, de una reflexión respecto al rol que deben adquirir las universidades como agentes de transformación y consolidación de un modelo cualitativamente distinto, principalmente ante al reto de formar ciudadanos conscientes de las necesidades del entorno físico y social, interesados en la toma de decisiones colectivas, que se conciben a sí mismos como partícipes activos y no únicamente como votantes con miras a satisfacer sus propios intereses.
Ante la realidad de un conjunto de derechos aún no consolidados, la labor de las universidades debe tomar relevancia para contribuir al establecimiento de las libertades básicas, entendiendo a la responsabilidad social universitaria como la función social de las universidades para las democracias en construcción, sobre todo en lo que a la formación de la gente compete. Resulta a estas alturas una tarea ineludible para las universidades comprender que el mundo occidental moderno no podría entenderse sin el ciudadano, el cual se ha construido a partir de la noción del individuo como poseedor de derechos naturales y libertades fundamentales.
De acuerdo a lo señalado por la investigadora Adela Cortina, se entiende a la ciudadanía no sólo como la ciudadanía legal, aquella que cualquier Estado puede dar por medio de ciertas normas y documentos, sino como una ciudadanía social, que en primera instancia disfruta de los derechos de primera y segunda generación. Sin embargo, en muchos países y el nuestro, aún se está lejos de que esta consigna sea una realidad palpable.
El gran desafío para nuestro siglo XXI es contribuir a la creación de las condiciones objetivas, donde la responsabilidad social de las universidades en el proceso de formación ciudadana adquiera un enorme protagonismo, siendo por ello necesario rescatar la universidad y redefinir sus objetivos primordiales, las que ha dejado de hacer o simplemente las que nunca ha podido realizar a plenitud, pero sobre todo, es necesario restablecer el vínculo entre la educación superior con el desarrollo social y humano.
Recordemos que el ideal de las universidades ha sido construido en torno al conocimiento como propiedad de la comunidad, cuyos valores centrales corresponden, primero, a la tarea de transmitir dicho conocimiento, segundo, la posibilidad de producirlo o ampliarlo y, tercero, el transformar la realidad a partir de ese conocimiento para el desarrollo del colectivo humano.
En el contexto de las ideas expuestas, en momento en que se ha revalorizado la importancia de su autonomía, considero oportuno que las universidades peruanas profundicen las labores orientadas hacia proyectos de responsabilidad social universitaria, en un genuino encuentro con la sociedad.
Es así que, entre otros, la instalación de Consultorios Jurídicos Populares a través de los cuales los docentes y estudiantes de derecho y afines brinden información básica a la población sobre sus más elementales derechos o, a su vez, los Centros de Conciliación Ciudadana promovidos desde la universidad, puedan contribuir a construir una cultura de paz, evitando que mucha gente desemboque en estrados judiciales y quede expuesta a la vulneración de sus derechos.
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