Una nueva Constitución no resuelve los problemas

Como es obvio, esta columna se escribe antes de conocerse el resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial del día de ayer; en consecuencia, frente a cualquier eventualidad, es necesario llamar la atención de aquello que no es una novedad sólo de esta última campaña electoral, sino que es una constante en la dinámica política nacional en el Perú.
Con relativa frecuencia, desde el lado de los actores políticos, indistintamente de la orientación ideológica que tengan, a través de los años, se nos ha vendido la idea de que es necesario cambiar las leyes o la Constitución para resolver problemas nacionales, regionales o locales que, en mucha variedad, nos acompañan por largo tiempo.
En esa línea de conducta política se insiste, como instrumento de manejo de la conciencia ciudadana, de la cual se abusa por su desinformación y escasa cultura cívica, consiguiendo orientar a la opinión pública por el camino equivocado y, lo que es peor, los problemas continúan sin ser resueltos.
Razón por la cual, si queremos actuar con responsabilidad, y con un criterio que se fundamente en nuestra realidad nacional, es impostergable continuar exigiendo a quienes tengan en sus manos el manejo de la administración del Estado, ejerzan su funciones sin echarle la culpa a la ley o a la Constitución, cuando su ineptitud o incapacidad no les permita tomar las decisiones más adecuadas y oportunas para atender los requerimientos de la población.
La multiplicidad de asuntos y problemas que el pueblo peruano reclama su rápida atención, no pueden esperar que se discutan nuevas normas legales, ni menos una reforma parcial o total de la Constitución para que puedan recién ser resueltos.
El condicionar a la existencia de una nueva norma legal para la toma de decisiones, lo único que demuestra, por el lado de la autoridad gubernamental, es su falta de capacidad para resolver los problemas que el pueblo exige solución.
Nos podemos dar las mejores leyes del mundo, pero si quien o quienes tienen que tomar las decisiones no lo hacen con capacidad suficiente, nos quedamos sólo con la buena intención. Lo cual significa que no deja ser cierto, lo que algunos señalan: “…nuestras Constituciones son sólo un conjunto de buenas intenciones..., y en eso se quedan…”.
Por lo tanto, lo que deben hacer las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, así como las de los niveles regionales y locales, desde que asumen sus funciones, es tomar decisiones adecuadas y oportunas, dentro del marco de sus atribuciones.
La realidad de nuestro querido Perú, en sus diferentes aspectos que caracteriza a nuestra sociedad, no necesita de más normas, ni menos de más autoridades; lo que requiere es un desempeño más idóneo e inteligente de los funcionarios estatales, y que su actuación se inspire en el bien común y no en la búsqueda del interés personal o de partido.
La incapacidad de gestión en el manejo de la cosa pública es lo que, lamentablemente, ha caracterizado la forma como se han venido conduciendo las autoridades en todos los niveles. Esta realidad es la que debe de cambiar y, en su defecto, dar paso a una actuación gubernamental más seria y responsable.
Corresponde al Congreso de la República, además de legislar, controlar el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, verificando que, en cumplimiento de sus deberes, encamina sus funciones hacia la búsqueda del bienestar general.

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