Una lupa al transporte

Irrita muchas veces que el concepto “política” se reduzca al ámbito de las pugnas, escándalos, destapes y vigilias como la protagonizada esta semana por la fiscal suprema Delia Espinoza, acto farandulesco muy común en la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. Tiene la misma factura y los mismos asesores que lo recomiendan.
Y, en verdad, quien debió merecer más atención de la prensa y la sociedad antes que la fiscal o los entuertos del Ministerio Público, era Lisette Suárez Espinoza, compatriota de apenas 20 años de edad. ¿Cómo? ¿No la conoce? Se lo digo: es la joven que perdió la vida en el choque de dos ómnibus de transporte interprovincial ocurrido la mañana del miércoles 18 en el kilómetro 53 de la Panamericana Norte, zona donde se ubica el serpentín de Pasamayo. También hubo 33 heridos.
Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), ambas unidades pertenecían a empresas formales y en regla. Sin embargo, las estadísticas traducen la incontrastable realidad de una creciente informalidad en dicho rubro de servicios que propicia esta clase de accidentes. Por lo mismo, crece igual la necesidad de una vigilancia más estricta, y el Congreso tiene en sus manos zanjar el tema.
En efecto, se encuentra en la agenda de la Comisión de Transportes y Comunicaciones —presidida por la parlamentaria Hilda Portero López— el proyecto N.º 11107/2024-CR, mediante el cual se busca modificar la Ley 31886, la misma que establece medidas para promover la competencia en el servicio de transporte terrestre de mercancías, crea un observatorio pero omite considerar la regulación de la competencia en el servicio de transporte terrestre de personas.
Hay varios puntos a tomar en cuenta. El transporte interprovincial no solo es un servicio comercial, sino un bien estratégico de interés público, pues garantiza la movilidad de millones de personas, especialmente en regiones sin otras alternativas de conectividad. A diferencia de la carga, en este sector las distorsiones del mercado no solo afectan a los operadores, sino que ponen en riesgo la vida humana, al incentivar el uso de vehículos en mal estado, rutas inseguras o servicios prestados sin condiciones mínimas.
Además, es sabido que existen empresas fachada en el sector de transporte de pasajeros ofertando tarifas extremadamente bajas de manera estructural, sin justificación económica, indicando operaciones subsidiadas por fondos de origen ilícito. Y este esquema permite blanquear dinero en una actividad con bajo control y alta rotación de efectivo, que facilita la simulación de ingresos legítimos.
Ampliar el alcance del observatorio al mercado de transporte interprovincial de pasajeros es urgente, factible y absolutamente necesario. Esta acción no solo contribuiría a una economía más formal y transparente, sino que además reafirmaría el rol rector del Estado en sectores fundamentales de la vida nacional.
Abrigo la seguridad de que tanto el Legislativo como el ministro César Sandoval serán sensibles a este requerimiento. No más muertes como la de Lisette Suárez. No más informalidad. Hagan verdadera política.

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