Una ley incumplida

Sin duda, al leer el título de este artículo, cada amable lector lo ha vinculado, de inmediato, a un caso específico, pues el tema del que me ocuparé no es, lamentablemente, el único, pero hay que abordarlo de manera urgente no solo por su clara vinculación con la salud pública –tal como está reconocido– sino por su relación directa y concreta con la tranquilidad de las familias y de sus integrantes.
Me refiero a la Ley N° 31311, publicada el 24 de julio de 2021, y reglamentada mediante Decreto Supremo N° 024-2023-SA, publicado el 23 de agosto de 2023.
No voy a detenerme en lo simbólico que resulta que la dación del reglamento haya demorado más del doble del tiempo previsto. Sí voy a reiterar la explicación ya dada respecto al porqué de mi votación en contra de dicha ley. Pese a estar en total acuerdo con que se considere prioritaria la esterilización de perros y gatos que deambulan en las calles al no tener un poseedor o dueño responsable, consideré necesario votar en contra por un tema de principio relacionado con la libertad de las personas ante la impropia redacción de su artículo 12°, que establece el deber de toda persona o familia al cuidado de un perro o gato de esterilizarlo o evitar su reproducción. No disminuye el peligro sobre el libre albedrío de las personas y de las familias que se ponga el supuesto de que no dispongan de las condiciones necesarias para la adecuada crianza de las crías. Oportunamente propuse que se expresara de modo distinto la norma, de modo que no quedara al saber y entender de alguna autoridad administrativa local, regional o nacional decidir cuándo había o no tales “condiciones”.
Creo conocer algo del tema, no solo por ser hoy responsable de tres perros rescatados de la calle y, en algún momento, de hasta cinco a la vez; y de haber sido autora de la primera ley de protección de los animales domésticos y animales silvestres en cautiverio, la Ley 27265, publicada el 22 de mayo de 2000, y que, si bien fue derogada dieciséis años después, ha quedado recogida en un 90% en la nueva ley.
Pues bien, las municipalidades no están cumpliendo con esterilizar perros y gatos que deambulan en las calles, tampoco con tener albergues, aunque sea temporales, para mascotas abandonadas o encontradas deambulando. Encontrar un “hermano menor” abandonado o extraviado desafía toda tranquilidad personal y familiar si no hay la alternativa de un refugio, aunque sea temporal.
Urge cumplir, cabalmente, con esta ley.

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