Un sistema de justicia secuestrado por las ONG

Así funciona un sistema de justicia secuestrado literalmente por una cúpula oenegera: una resolución del Poder Judicial, expedida casi en la madrugada, ordenó la suspensión en el cargo de la señora Patricia Benavides por el periodo de veinticuatro meses. Y es que se veía venir, pues mientras la fiscal Delia Espinosa se atrincheraba en la fiscalía con velita en mano y una débil Junta Nacional de Justicia —que hasta pedía permiso para hacer cumplir su resolución—, los caviares ganaron tiempo y se consiguieron un juzgado completamente a la medida.
Los caviares, en su desesperación por mantener su feudo en el Ministerio Público, están abriendo la caja de Pandora. No solo están dejando el nefasto precedente de que una autoridad puede desobedecer impunemente una resolución legítima cuando esta no le conviene, sino que ahora también avalan la suspensión de una fiscal suprema en plena etapa de investigación preliminar. La suspensión en el ejercicio de la función pública como medida cautelar solo es legalmente viable durante la etapa de investigación preparatoria, no en la investigación preliminar, que es el caso de la señora Patricia Benavides.
Esta lógica es la misma que rige para las prisiones preventivas, y ha sido reconocida en resoluciones como la del caso del exjuez superior Jimmy García Ruíz (Exp. 007-2019-13, Resolución n.º 2 de 16.01.2020 del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria) y, asimismo, el caso del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry (Exp. 4615-2019-2, Resolución n.º 8 de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de 19.01.2021).
Además, explica el profesor Caro que, tratándose de Patricia Benavides (quien goza de inmunidad por su condición de aforada), para que una investigación penal pueda formalizarse y proceda una suspensión, previamente debe haberse aprobado el antejuicio en el Congreso, cosa que no ha ocurrido.
En otras palabras, han hecho lo que les ha dado la gana, y da para rato. El afán desmedido de ONG y grupos de presión por mantener en el poder a magistrados funcionales a su agenda está resquebrajando gravemente nuestra institucionalidad, y todo a vista y paciencia de algunas autoridades pusilánimes que prefieren no “comerse el pleito” antes que defender nuestro Estado de derecho.
Una perla más: el juez que suspendió a la señora Patricia Benavides de manera irregular e ilegal es el juez supremo Segismundo León, quien ha sido capacitado por el IDL en el año 2009 y ha sido acusado, además, de otorgar beneficios penitenciarios a terroristas.
Por eso, cuando decimos que la justicia en nuestro país está completamente secuestrada por una cúpula oenegera, no nos estamos equivocando. Lo decimos con toda razón.

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