Un Poder Judicial eunuco
Nuestro sistema jurisdiccional, entendido como la potestad derivada de la soberanía del Estado para aplicar el derecho en un caso concreto —resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que será ejercida de manera exclusiva por los tribunales de justicia, integrados por jueces autónomos e independientes— atraviesa, hace ya dos décadas y media, por una severa crisis, sin precedentes, que lo ha transformado en una maquinaria de injusticia extrema, atentatoria contra los derechos e intereses de nuestra sociedad. La situación no da para más. El caos reinante, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público —o Fiscalía de la Nación—, constituye una agresión permanente, aparte de denigrante, contra la ciudadanía entera. La ineptitud de los jueces y fiscales —sumada a la ideologización y a una feroz politización impuestas por las ONG— desnaturaliza por completo la figura de la Justicia como patrón de seguridad vital para cada peruano.
Hemos tocado fondo. ¡Y los treinta y tres millones de peruanos lo saben porque lo sienten hasta en el menor detalle de su vida cotidiana! Repetimos, amable lector, esto venimos sufriéndolo por culpa de un desnaturalizado sistema jurídico, eje de esta anomia absoluta causante de un desasosiego que desemboca en la crispación de Juan Pueblo, transmitido a través de todos sus actos. Uno de los cuales es la elección de sus autoridades, donde la furia interna de cada peruano se expresa cada año con mayor fortaleza, votando por el extremismo radical como salvavidas para superar esta antidemocracia teledirigida por una injusticia que sobrevive a prueba de todo.
En pocas palabras, asistimos al prolegómeno de la desaparición de la democracia peruana, víctima del desprecio, rencor y aborrecimiento de la sociedad peruana, hastiada de subsistir en condiciones insostenibles en un país que tanto hizo por mejorar la calidad de vida de su sociedad durante los escasos espasmos de buen gobierno que ha tenido: primer tramo del régimen de Alberto Fujimori y segundo gobierno democrático de Alan García.
Si queremos prevalecer como sociedad exitosa, necesitamos empezar de nuevo. Y la piedra fundamental es hacerlo a través de la Justicia. Nuestro Estado de Derecho debe dejar atrás el modelo absurdo que arrastra e imponer como lógica que el Ministerio Público forme parte del SISTEMA Nacional de Justicia, presidido por el Poder Judicial, dejando atrás esa suerte de organismo híbrido que es hoy la Fiscalía, incorporando sus funciones al Sistema Judicial. En efecto, hoy la Fiscalía es un todopoderoso ente autónomo encargado de investigar el delito conjuntamente con la Policía Nacional; y, en solitario, denunciarlo ante el Poder Judicial. Pero, tras cuarenta y tantos años de vigencia, vemos que ni investiga bien y menos denuncia oportunamente. ¡Y cuando lo hace, es mal y tarde! Consecuentemente, debiera limitarse a investigar conjuntamente con la Policía Nacional y elevar lo actuado al Poder Judicial para que, exclusivamente, sea éste el que abra/archive el proceso y prosiga con el juicio respectivo en plazo preestablecido.
¡Vía reforma constitucional, devolvámosle cuanto antes el control de la Justicia al Poder Judicial!
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