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¿Un partido contraestatal?

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Fecha Publicación: 23/08/2024 - 10:36
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Es positivo que cada vez más se escuche con fuerza las demandas que la población le hace al Estado para que solucione los enormes problemas nacionales pendientes y desbordados. Esto reta al Ejecutivo, Legislativo y Judicial como a los gobernadores regionales que, o no ejecutan o lo hacen incontrolados, sin rendir cuentas de gestión. Igual sucede con los alcaldes provinciales y distritales.

Ir colocando al sector público y a su fría y muchas veces venal burocracia como el epicentro de los reclamos sociales va en el sentido de instalar el mensaje central que puede dar tracción a diversas cambios atascados en el país: “Hay que poner al Estado al servicio del ciudadano y no al ciudadano al servicio del Estado”. Esta idea podrá ir calando gracias a una opinión pública advertida y una prensa (aquella fiscalizadora y no la selectiva con el poder político de turno) dirigiendo los reflectores para que los actos de corrupción, la ineficiencia y el despilfarro de los recursos aportados por los contribuyentes privados vía impuestos, puedan ser denunciados y sancionados por un sistema judicial y penal también crecientemente presionado por resultados.

Está pues incubándose entre la ciudadanía, y no solo en la capital, el fuerte rechazo a tener un Estado convertido en un botín. He ahí la fuente de una narrativa efectiva que cualquier partido político alerta y audaz sobre todo de tendencia liberal puede diseminar sin temor entre el electorado.

Una de las grandes habilidades que tuvieron durante años —y aún lo tienen— las fuerzas políticas de izquierda y hasta las extremistas y antisistémicas en el Perú (lo cual explica parte de sus logros comunicacionales), es haber redireccionado las válidas demandas y hasta los malos humores de la población contra el esquema de crecimiento económico y las inversiones privadas, NO contra las pésimas gestiones estatales. Así, mientras se resaltaban las “fallas del mercado” se invisibilizaban las enormes e intocadas “fallas del Estado”.

Por rápido efecto este ataque político de alcance nacional y de signo ideológico no menor incluyó al régimen económico y a la actual Constitución que lo contiene. La Asamblea Constituyente (como ocurrió en Chile en medio de la violencia incitada e infiltrada) era y es el trofeo supremo de estos planes “refundacionales” o “gran transformadores” (los etnocaceristas y otros activistas se pasearon por ejemplo sin contrincantes efectivos por costas, sierras y selvas polarizando durante años al respecto. Ver a propósito: “Con megáfono y sin soroche”. M. Lagos. 8/12/2012. Expreso).

No obstante estos esfuerzos de manipulación de las percepciones ciudadanas para distraer o bloquear el que se pueda ver a la hipertrofiada gobernanza como la real culpable de los problemas nacionales irresueltos, van mostrando sus limitaciones. ¿Qué organización política hará suya de forma explicita y principal esta tendencia de reclamos en gestación contra el pesado Leviatán estatal?

Es posible que poco a poco veamos la aparición de lo que podría designarse como partidos contraestatales los cuales toman y canalizan las respuestas/exigencias desde la población para que las gestiones públicas funcionen y muestren rendimientos concretos (infraestructura, seguridad, salud, educación). Son las contrarrespuestas no al modelo económico que ha funcionado creando los medios necesarios, sino al populismo demagógico y a la inoperancia del Estado a todo nivel.

No hablamos aquí de partidos antiestatales, que serían distintos, en el sentido que éstos buscan la ilusa desaparición anárquica de la función del Estado ahí donde debe obrar (no en la creación de empresas públicas “estratégicas”, por cierto).

Las organizaciones políticas contraestatales en cambio acopian y redirigen respuestas/exigencias desde el votante de a pie. Buscan representar la creciente demanda poblacional por tener un sector público muscular, no adiposo, operante, no entorpecedor de las fuerzas productivas, de políticas públicas de resultados y racionalmente regulador. Una administración pública haciendo uso serio y fiscalizable de los recursos generados precisamente por el crecimiento privado que, caprichosamente, tanto las izquierdas y las derechas populistas buscan ralentizar o destruir.

Hace diez años, y al respecto, sugeríamos (ver: “El arte de la ambigüedad”. M. Lagos. 19/3/2014. Lampadia) no dejar de observar con atención el proceso chileno. El famoso “octubrismo” de 2019 contra el gobierno de Sebastian Piñera marcó el pico alto de la violencia organizada que creó el momento constituyente “refundador”. En Chile pues se cometió el error de creer que los positivos efectos del modelo o el sistema abierto, político y económico, se defenderían por sí solos. Se subestimó el impacto ideológico y político incitado con suma paciencia por las fuerzas de izquierda (algunas coordinadas incluso desde el exterior) y sus funcionales “centristas”. El proceso de fondo no ha acabado, pero por suerte una "nueva" y caprichosa Constitución proestatista fue frenada por el rechazo de una mayoría de chilenos vía el plebiscito del 4 de setiembre de 2022.

Que en Perú esos afanes se hayan contenido con la salida de Castillo de la presidencia no implica que hayan cesado; de hecho pueden estar reformulándose sobre todo desde el sur del país.

En ese sentido, el impulso de una narrativa que exija al fin concreción al aparato estatal refractario al cambio está principalmente en las organizaciones partidarias que tengan el sentido de oportunidad de hacerla suya. La prensa responsable acompañaría el proceso. Así, la posibilidad de la aparición de potenciales y exitosos partidos contraestatales es alentadora. Este esfuerzo activo puede alcanzar considerables niveles de pragmatismo liberal integrador en lo socioeconómico y una expectante eficacia política competitiva y electoral.

En este punto hay que decir que aciertan quienes han coincidido en que “la inversión privada es lo que va a sacar adelante al país… y que no haber reducido las brechas que tenemos, no es un tema de la Constitución, es un tema de ineficiencia pública”; un tema de la antigua disociación entre sociedad y Estado y los severos problemas de gobernabilidad.

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