Un país no se gobierna con ilusiones contables

En política fiscal, el optimismo no es una virtud, es un riesgo. El reciente Comunicado N° 03-2025 del Consejo Fiscal (CF) no necesita adjetivos para ser contundente: el gobierno está construyendo su estrategia presupuestal sobre estimaciones frágiles, ingresos transitorios y decisiones que comprometen la sostenibilidad del país. Y lo más preocupante es que lo hace con plena conciencia de que quien pagará las consecuencias será el próximo gobierno.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que el PBI crecerá 3,5% en 2025 y 3,2% en 2026. Frente a ello, el Consejo Fiscal plantea una alerta técnica: estas cifras son demasiado optimistas en un contexto marcado por alta incertidumbre global, tensiones geopolíticas, presiones proteccionistas y una economía mundial aún inestable. No es un simple matiz metodológico. Sobre esas proyecciones se basa el presupuesto público. Si los ingresos no llegan, pero el gasto ya fue autorizado, lo que sigue es el desequilibrio: más déficit, más deuda y menos credibilidad internacional.
Lo más grave es la trampa del corto plazo. El gobierno proyecta un aumento del gasto no financiero del Gobierno General de S/ 11 mil millones para 2025, pero luego pretende que ese ritmo baje a un promedio de S/ 7,4 mil millones anuales. El CF lo llama con precisión: inconsistencia temporal. El Ejecutivo está postergando el ajuste fiscal, dejando la factura a la próxima administración. Esa irresponsabilidad mina la credibilidad de las metas fiscales a mediano plazo y revela una peligrosa lógica: gastar hoy, ajustar mañana… si es que otro se atreve.
A esto se suma una política tributaria incoherente. Aunque se han aprobado medidas que aumentan ingresos de manera permanente (como el IGV e ISC aplicados a servicios digitales), su efecto es marginal frente al desangre de la base tributaria: desde 2023, se han aprobado 19 leyes con beneficios tributarios, y actualmente hay 28 iniciativas legislativas más en camino. El Congreso y el Ejecutivo están cediendo a presiones políticas y sectoriales, renunciando a ingresos estables mientras inflan compromisos de gasto estructural. El resultado es un sistema tributario más frágil, menos progresivo y más vulnerable a intereses particulares. Esto, en un país con una presión tributaria crónicamente baja, es un suicidio fiscal.
¿Y qué decir de Petroperú? La empresa estatal registró pérdidas superiores a los US$ 111 millones solo en el primer trimestre del año. Lejos de aplicar una política de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, se mantiene una política de salvataje silencioso con fondos públicos. El CF lo señala como un riesgo fiscal latente, que amenaza con convertirse en un agujero sin fondo para las arcas del Estado.
Todo esto ocurre mientras el país se aproxima a un proceso electoral y el gobierno de turno administra el presupuesto como si no hubiese consecuencias. El Consejo Fiscal ha advertido claramente que estas prácticas podrían afectar la calificación crediticia del Perú. Esto no es menor: si el país pierde grado de inversión, subirá el costo de financiamiento no solo para el Estado, sino también para las empresas y ciudadanos. Es decir, el impacto se sentirá en los intereses de la deuda pública, en los créditos de consumo, hipotecarios, corporativos. Todos pagaremos el precio de esta miopía.

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