Un nuevo liderazgo en el Ministerio de Educación
La sociedad peruana exige un nuevo liderazgo en el Ministerio de Educación. Parafraseando a Joan Subirats, las instituciones más complejas de gestionar son las orquestas, los hospitales y las universidades. Esta afirmación resuena profundamente en el contexto peruano, especialmente en el ámbito de la educación superior universitaria. Este sector, que debería garantizar un derecho fundamental, ha sido relegado al mercantilismo como resultado de decisiones políticas desacertadas, una clara falta de visión estratégica y un liderazgo deficiente por parte de los principales responsables de las políticas públicas en educación: el Congreso, el Ministerio de Educación y los organismos especializados.
De acuerdo con el Informe sobre el Futuro de los Empleos 2025 del Foro Económico Mundial, se proyecta un incremento neto de 78 millones de empleos a nivel global para 2030, impulsado por avances tecnológicos, cambios demográficos y tensiones geoeconómicas. No obstante, el informe también destaca que la falta de competencias es el mayor desafío para esta transformación, identificando esta carencia como una barrera crítica en el 63% de los casos. Los empleos más demandados estarán vinculados a áreas tecnológicas como inteligencia artificial (IA), robótica y el aumento del acceso digital. Entre estos se destacan especialistas en Big Data, ingenieros FinTech, expertos en lA y aprendizaje automático, y desarrolladores de software y aplicaciones.
Por otro lado, los empleos más afectados serán aquellos asociados a puestos administrativos, como cajeros y empleados de taquilla, junto con asistentes administrativos y secretarios(as) ejecutivos(as), trabajadores de la industria de la imprenta, contadores y auditores y abogados. A pesar de estos cambios inminentes. En lugar de diseñar políticas educativas estratégicas que preparen a los estudiantes para los retos del futuro, se ha priorizado una expansión descontrolada de universidades y programas académicos, sin atender a los estándares de calidad necesarios para una formación competitiva y acorde a las demandas del siglo XXI.
Por obra de la Ley 30220, La paralización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) durante nueve años dejó un vacío regulatorio que permitió la proliferación indiscriminada de instituciones universitarias sin calidad al haber convertido la acreditación en voluntaria, y congelarla nueve años. Esta misma ley crea La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), una de las entidades encargada de velar por la calidad educativa, no tuvo la capacidad de construir un sistema de aseguramiento de la calidad integralmente, aún no encuentra su rumbo, sin recurso después de 10 años intenta supervisar una sobre carga de creación de nuevos programas que sobrepasan los 2,000 aproximadamente, lucha por cumplir con sus responsabilidades, sin recurso mientras la calidad educativa sigue en deterioro. La promulgación de la Ley 31520 evidenció la falta de una estrategia clara para la consolidación el llamado sistema de aseguramiento de la calidad. Devolvió a la vida al Sineace, que hoy intenta hacer entender que en políticas públicas de calidad universitaria existen más componentes y más actores que deberían asumir su compromiso con el país.
El liderazgo del Ministro de Educación ha demostrado ser insuficiente para afrontar los retos actuales. En lugar de articular políticas educativas que respondan a las demandas globales, su gestión ha priorizado sumarse a la comparsa de creación de universidades, sabiendo que sus recursos para las universidades en creación son insuficientes la cantidad sobre la calidad. La creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad Educativa articulado, con enfoque disruptivo e innovador, debe ser una prioridad para garantizar que la formación universitaria en el Perú esté alineada con las demandas del siglo XXI. En verdad, la sociedad demanda un nuevo liderazgo en el Ministerio de Educación y, por supuesto, un cambio de ministro.
Por José Oré León
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