Un nuevo capítulo en la batalla por la institucionalidad
El viernes pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió suspender por seis meses a la fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela. Este hecho marca una réplica sin precedentes de la autoridad sobre quien debería velar por el cumplimiento de la ley, y subraya la fragilidad de nuestras instituciones cuando sus propios guardianes eligen desafiar las normas.
La controversia se originó con la Resolución 231-2025-JNJ, que ordenaba la reposición de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Espinoza optó por el camino del desacato abierto: rechazó recibir a Benavides, no quiso convocar inmediatamente a la Junta de Fiscales Supremos y persistió en su conducta de público desconocimiento y desobediencia a lo resuelto por la JNJ. Incluso promovió una vigilia en las oficinas del Ministerio Público, convocando al personal fiscal y administrativo para frenar la ejecución de lo dispuesto por la JNJ.
La decisión de los otros fiscales supremos, miembros de la Junta de Fiscales Supremos, de no apoyar a Espinoza en su obstinada y arbitraria decisión de seguir desconociendo lo ordenado por la JNJ, dejó en evidencia su intento de erosionar el equilibrio de poderes. Sus recientes amenazas contra los integrantes de la JNJ, vertidas en sus declaraciones públicas, redes oficiales y conferencias de prensa, desafían el principio de separación de funciones, arrojan sombra sobre la independencia de los órganos de control, resquebrajando gravemente la imagen del Ministerio Público y manteniendo en inseguridad jurídica a la población.
Esperamos los ciudadanos no seguir siendo espectadores de este lamentable episodio para el Ministerio Público, ocasionado por los actos arbitrarios de la Sra. Espinoza, que buscan desconocer lo resuelto por la JNJ con tal de perpetuarse en el poder, socavando nuestra institucionalidad y manteniendo en inseguridad jurídica a la población.
Más grave aún, la fiscal suspendida empleó su investidura para iniciar “actos previos de investigación” y formular denuncias contra aquellos que percibía como una amenaza a su permanencia en el cargo. Esa estrategia no persigue la justicia ni la defensa de la institucionalidad del Ministerio Público; por el contrario, es parte de su estrategia personal que persigue mantenerse en el cargo y prolongar un poder construido sobre desobediencia y abuso. Quienes utilizamos la palabra como arma contra la impunidad reconocemos en este episodio un llamado urgente a reforzar los límites del poder público.
Frente a esta anomalía, la JNJ deberá adoptar las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento efectivo de su resolución. No basta con la suspensión. Es imprescindible reconstruir la confianza ciudadana, preservar el respeto al Estado de derecho y sentar precedentes claros: ningún funcionario está por encima de la ley.
Como ciudadanos, no podemos permanecer meros testigos de esta confrontación interna y de la utilización nefasta del poder que te otorga la investidura de un cargo público. La defensa de la institucionalidad requiere vigilancia activa, debate informado y una prensa siempre alerta. Solo así podremos impedir que el abuso de poder devore el escaso capital democrático que aún conservamos. La lección es clara: la fortaleza de nuestra democracia y Estado de derecho se mide por la capacidad de sus instituciones para corregirse a sí mismas, incluso cuando el desafío proviene desde dentro.
Por Katherine Ampuero
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