Un Congreso que avergüenza

El Pleno del Congreso votó por separado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los congresistas del partido de la lampa Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza y decidió mandarlo… al archivo.

El informe recomendaba suspender a los referidos congresistas investigados mientras dure el proceso penal en su contra; tras la votación, el presidente del Legislativo dio cuenta de que no se alcanzaron los votos e indicó que se remitiría al archivo los expedientes. Conclusión todo quedó en nada y el blindaje de los Padres de la Patria se convirtió en una vergüenza nacional.

Mientras tanto la fiscal de la Nación presentó las denuncias constitucionales contra estos legisladores por presuntamente haber cometido los delitos de organización criminal y tráfico de influencias; de acuerdo con el Ministerio Público, estos legisladores se habrían coludido con el expresidente y hoy preso Pedro Castillo para recibir obras a cambio de votos y blindaje dentro del Parlamento.

Como si ese oprobio no fuera suficiente, el Pleno del Congreso rechazó la reconsideración a la votación que definió como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo a Josué Gutiérrez Cóndor.

De otra parte la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso emitió un predictamen que recomienda aprobar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para que la presidente Boluarte pueda gestionar “de manera remota” , lo cual es una aberración constitucional.
“De no contar con vicepresidentes en ejercicio, y de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Es obligatoria la implementación de mecanismos de ciberseguridad para el uso de dichas tecnologías”, se lee en el documento de marras; esa ley beneficiaría exclusivamente a Boluarte.

Tras esta seguidilla de tumbos, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza (congresista más cercano al expresidente Castillo y a su familia, quien, de acuerdo al Ministerio Público, es uno de los cabecillas de la organización criminal que cobró sobornos a altos oficiales de la PNP para ascenderlos, hasta decía poner “las manos al fuego” por el hoy detenido profesor) solicitó pasar a un cuarto intermedio, la propuesta que ha sido considerada una “Ley Mordaza” por los gremios periodísticos.

Como se recuerda, la primera votación se realizó el pasado 4 de mayo y obtuvo 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, con los votos mayoritarios de Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial e increíblemente Renovación Popular.

El dictamen plantea el incremento de sanciones “por la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva”.

Este proyecto establece modificaciones al Código Penal para elevar entre 120 y 365 días-multa la sanción por el delito de calumnia, y pena privativa de la libertad “no mayor de cuatro años, con 90 a 120 días-multa” por el delito de difamación, además de “reparación civil en favor del querellante”.

También modifica el Código Civil para establecer indemnizaciones obligatorias para aquel que “atribuye a una persona, un delito, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor”.

Sin temor a equivocarme y ante el cúmulo de evidencias de todo orden, este Congreso es el peor de toda nuestra historia, donde la ética no cuenta y el cómplice blindaje… es la única bandera que enarbolan.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.