¿Un canciller cómplice de las ONG?

El Canciller, Elmer Schialer, se comprometió a reglamentar -a más tardar el 14 de julio de este año- la ley para controlar, supervisar y transparentar el ingreso, uso y destino de los fondos que reciben las ONG a través de la cooperación internacional, precisando: fuente del financiamiento, monto recibido y condiciones de uso. Además, de precisar proyectos/actividades financiadas; presupuestos, cronogramas de ejecución, indicadores de impacto, y evaluación de resultados. Asimismo, se obliga a las ONG a someterse a auditorías externas anuales, y a crear el Registro Nacional de Auditorías de ONG. Igualmente, a que cada semestre las ONG publiquen en sus portales web sus informes financieros, proyectos ejecutados y/o el impacto de estos. Incumplir estas obligaciones acarreará la suspensión temporal o definitiva de la inscripción ante APCI de la ONG omisa; además de inhabilitarla para recibir fondos públicos o internacionales.
Aparentemente, Schialer prefiere que las ONG sigan siendo un coto privado, donde se permitan delitos sin castigo como ocurre actualmente. O que ellas actúen como superpoderes detrás del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, financiando la “formación” de jueces y de fiscales a cambio de contar con su voto en cualquier causa que les interese. Y/o a seguir manipulando los procesos judiciales que les convenga, mediante campañas mediáticas dirigidas por los mismos medios cuyas líneas editoriales siguen comprando a través de los fondos secretos de los que continúan disponiendo; entre otras tantas corruptelas a las que las ONG están habituadas en el Perú.
Como informaba ayer EXPRESO, congresistas de diversas bancadas han emplazado al Canciller Schialer para que reglamente esta norma. “El Ejecutivo debe ser sancionado por la inacción del Canciller, quien se comprometió a tener reglamentada la ley el 14 de julio de este año (…) Exhorto al Canciller a que reglamente esta norma que aprobó el Congreso a comienzos de año. De no hacerlo en un plazo razonable -ya han transcurrido ocho meses- será sometido a interpelación en el Congreso (…) Es inadmisible que se promulguen leyes, que el Ejecutivo no las reglamente, y que acaben siendo inaplicables; eso es vulnerar la Constitución”, son algunas de las voces que se escuchan en el Legislativo.
De igual temperamento es el parlamentario Edwin Martínez, quien ha advertido que remitirá un oficio al despacho del Canciller Schialer demandando la inmediata reglamentación de aquella norma. “Tenemos un Ejecutivo muy sumiso, que no actúa; eso es inaceptable. Esta ley busca, precisamente, fiscalizar a las ONG que han afectado al país con aparentes ´fines de defensa ciudadana´, pero lo que en realidad promueven es violencia”, anota; estimándose en más de 85% las ONG que reciben fondos internacionales, no registran sus actividades ante la APCI. El plazo fijado por la ley para su reglamentación venció el pasado 14 de julio. Pero la Cancillería ni siquiera presenta un cronograma de reglamentación, demostrando indudable obstrucción normativa. Esto traerá sanciones políticas contra el Canciller. Empezando por su interpelación, seguida de la censura y, si no satisfacen sus explicaciones, el Pleno podrá destituirlo del cargo.

Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.