Tolerancia cero contra el crimen organizado en el país

El último reporte de una reconocida encuestadora, realizado en julio de este año, reveló que solo el 44 % de los ciudadanos confía en que las fuerzas del orden podrán evitar los crímenes en sus barrios. Asimismo, el 62 % de los peruanos considera que la violencia y la inseguridad en sus vecindarios han aumentado. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado en 2003 por la Ley 27933 con el objetivo de diseñar una coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno mediante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y los comités regionales, provinciales y distritales respectivos, no parece ser del todo eficaz. Las cifras lo evidencian: más del 100 % de hacinamiento en las cárceles y la mayoría de los ciudadanos perciben que no están seguros en su comunidad.
Es vital remarcar que la inseguridad ciudadana tiene efectos colaterales muy graves. Así lo ha expresado también la Defensoría del Pueblo: “La inseguridad afecta derechos fundamentales, como la vida, la integridad y la libertad de las personas; además de perjudicar la estabilidad y el desarrollo de la nación”. Estos derechos, vulnerados por conductas antisociales, generan miedo y zozobra en la sociedad, obstaculizando el libre tránsito, el emprendimiento y la tranquilidad pública, entre otros derechos igualmente importantes.
De la misma forma en que hemos sido firmes al condenar la actitud de jueces y fiscales que liberan a delincuentes sorprendidos en flagrante delito, presentando el proyecto de ley 8507/2024-CR, también hemos enfocado nuestros esfuerzos en proponer una reforma legislativa, pues la delincuencia se presenta como una amenaza galopante que viola nuestros derechos más esenciales. Por esta razón, hemos presentado el proyecto de ley 8573-2024-CR, que fortalece la lucha contra la criminalidad organizada, modificando artículos de los Códigos Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal. Esta ley impone prisión preventiva para procesados por extorsión y sicariato, prohibiendo la comparecencia. Los delincuentes de máxima peligrosidad deberán enfrentar sus procesos en prisión, no en libertad.
No más contemplaciones con el hampa. ¡Tolerancia cero contra el crimen!

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