Todos gobiernan, menos Dina

A pesar de detentar el cargo de presidente de la república, Dina Boluarte parece representar más un papel ficticio: apresada por su necesidad de supervivencia, ha establecido alianzas que no solo la han obligado a ceder grandes cuotas de poder que ponen en riesgo la división de poderes, como la alianza asimétrica tácita entre ejecutivo y legislativo, y, además, desprestigian la democracia y ponen en riesgo el desarrollo del país.
Boluarte no la tiene fácil, no cuenta con bancada en el Congreso que pueda negociar a niveles proporcionales su permanencia en el cargo, y afronta distintas investigaciones y denuncias, tanto por presuntos hechos de corrupción durante la campaña electoral como por las muertes que se dieron durante las protestas luego del golpe de Estado de Pedro Castillo.
Para Boluarte, no solo el fajín presidencial está en juego, sino que requiere mantener sus alianzas a toda costa, a fin de que la justicia, que lamentablemente en Perú parece cada día más politizada, no termine poniéndola tras las rejas luego de que deje el cargo.
Debido a esto, hoy, claramente, más poder que Boluarte, tienen sus aliados en el parlamento, empezando por el líder del partido que la llevó al gobierno, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, de quien se especula que utilizó uno de los automóviles presidenciales para escapar de la policía en febrero de este año.
Es necesario recordar que fueron los votos de Perú Libre los que terminaron por inclinar la balanza para vacar a Castillo y poner a Boluarte en el poder. Actualmente, Perú Libre es parte de la mesa directiva del Congreso. Waldemar Cerrón, hermano del prófugo, ostenta la segunda vicepresidencia del parlamento, hecho que deja en evidencia la clara alianza política que dirige las riendas del parlamento nacional, y que, por obvias razones, no puede entenderse desde la anodina lectura de “derechas” contra “izquierdas”.
También resulta obvio cómo Boluarte ha tenido que ir cediendo distintos puestos clave en su gobierno, pudiendo encontrar a personajes vinculados a distintos partidos tomando decisiones ejecutivas (incluidas las relaciones internacionales), a la cabeza de organismos autónomos e incluso fiscalizando el accionar del Estado.
Según trasciende en la prensa, hoy, el Estado se ha convertido en una de las principales bolsas de trabajo de los partidos políticos que, indirectamente, detentan el poder. Todo indica que el tarjetazo ha vuelto, tal y como ocurrió durante los gobiernos de los años 80 en el Perú.
Esta posibilidad, en gran medida, ha surgido debido a la anulación de la narrativa meritocrática que inició con Castillo, y que ha ocasionado un debilitamiento de los sectores políticos (denominados como caviares) que habían copado la estructura del Estado desde la caída de Fujimori.
En este contexto, muchas de las decisiones que vienen planteándose, tanto desde el legislativo como desde el ejecutivo, parecen responder a los intereses de los partidos políticos que sostienen en el poder al gobierno de Boluarte.
Pero no hay que malentender esto, el problema que actualmente enfrenta el Estado no tiene que ver con la instrumentalización de la política para fines de grupos determinados, pues es obvio que la representación partidaria buscará posicionar sus intereses particulares.
El problema real es el debilitamiento de la separación de poderes, en el contexto de contrapesos inexistentes en el parlamento, lo que está permitiendo que los grupos de poder utilicen los recursos del Estado para avanzar sin miramientos en sus objetivos personales y colectivos.
Mientras tanto, nuestra presidente parece pintada, sin capacidad real de tomar decisiones y cada vez más prisionera de sus aliados, a quienes se ve en la necesidad de informarles de sus acciones, pedirles permiso e incluso allanarse a sus exigencias.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.