Todo cambiará para seguir igual

Como consecuencia de tener un gobernante postizo atemorizado por los fantasmas que rondan al régimen Kuczynski-Vizcarra cuya campaña electoral, según un testigo presencial, recibió US$ 100,000 del corrompedor Club de la Construcción; además de las versiones no desmentidas sobre su vínculo empresarial con Odebrecht (a través de Conirsa); sus relaciones cercanas a Graña y Montero, al extremo que no solamente su compañía se consorció con ella sino que incluso él apoderó a dicha constructora hoy imputada por corrupción; aparte de las indagaciones no aclaradas respecto a las obras realizadas durante su cuestionado paso por el gobierno regional de Moquegua; como resultado de todo aquello, repetimos, el presidente Martín Vizcarra no se atreve a dejar en absoluta libertad a la Fiscalía de la Nación. Nuestro Ministerio Público está secuestrado por Palacio de Gobierno. Como corolario de esta gravísima coyuntura, la única institución inquisidora que tiene el Estado está atada de manos para investigar –con inmediatez, independencia y en profundidad– los gravísimos affaires de corrupción que mantienen conmocionado al Perú. Empezando por el drama Lava Jato.

Analicemos el reciente historial del Ministerio Público. Gracias a la mano negra de IDL en 2015 Pablo Sánchez fue electo fiscal de la Nación en reemplazo de Carlos Ramos Heredia, defenestrado por el mayor affaire de corrupción de comienzos de siglo: el caso Orellana. A Sánchez le tocó iniciar la indagación a las contratistas brasileñas en aquel proceso conocido como Lava Jato. Lamentablemente dejó hacer y dejó pasar demasiado. En cuatro años al frente de esta institución fue pobrísimo el avance en las pesquisas a organizaciones autoinculpadas por corrupción como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, OAS, etc. La Fiscalía, a cargo de Pablo Sánchez, instituyó un espíritu demasiado laxo, apelando a obtener información a partir de instrumentos coercitivos como la declaración anticipada de testigos que, a cambio de rebajarles y/o eliminarles sus condenas, se rindieran imputando a terceros los mismos hechos por los cuales a ellos se les denunciaba. Esa situación facilitó aún más la politización del Ministerio Público por parte del gobierno de turno. El ejemplo actual es a todas luces ilustrativo. O ¿acaso cree, amable lector, que este juego de tronos que presenciamos hace un año al interior de la Fiscalía de la Nación es fruto del azar o de las pendencias intestinas desatadas por las pasiones entre la burocracia? Desgraciadamente no. El escenario es evidente. Este gobierno ne-ce-si-ta manejar la Fiscalía con rienda corta. No vaya a escapárseles alguna hilacha de la madeja que trascienda al periodismo libre y acabe produciendo un cortocircuito político nuclear.

Confirma que en este país todo cambiará para seguir igual, el hecho que los fiscales-actores Vela y Pérez guarden en secreto aquel pacto traicionero que han suscrito con Odebrecht para que, en recompensa a que ésta confirme que sobornó a las personas que desde la Fiscalía persigue el gobierno, 1) se le permita continuar trabajando con el Estado; 2) reducir en 90 % la indemnización que debería pagar; y 3) no investigar los principales proyectos que ha ejecutado en nuestro país.