Terrorismo de la información
Hemos visto desfilar por los medios de comunicación a los «iluminados» dando su punto de vista en referencia a la vedette de moda, el inaugurado término “terrorismo urbano”, un disparate, un mamarracho, contradictorio Proyecto de Ley No. 9085/2024/PE, presentado ante el presidente del Congreso. Resulta innecesario crear una nueva figura delictiva cuando el Código Penal ya contempla los tipos penales de secuestro, extorsión y sicariato. Lo que sí resulta necesario es el incremento de las sanciones punitivas que llegan a cadena perpetua. La cínica usurpadora, como Alicia en el país de las maravillas (Dina), está desesperada por encontrar la pócima mágica para resolver el gravísimo macroproblema de la inseguridad ciudadana, que cada vez más carcome los cimientos de la sociedad.
¿Quién aconsejó la ‘ideota’ de terrorismo urbano? En su reducido cerebro, este concepto lo asocia con aquellos que no piensan como ella. Hemos escuchado sobre el «terrorismo de imagen», así que no sorprendería que en los días venideros se hable de «terrorismo de la información», «terrorismo rural» o «terrorismo pesquero o marítimo», es decir, de todo lo que cause o pueda provocar terror o zozobra en la ciudadanía. Pretende silenciar y evitar que hablemos con claridad y firmeza.
En este acontecimiento de huayco social, la primera sensación que invade es el ¡hartazgo y la repulsión! ¿Dónde están? ¿Dónde se esconden? Los lobistas, abogansters, alcahuetes, esos que se jactan de ser ilustres defensores del Estado de Derecho, la democracia, la libertad y la defensa del pueblo peruano. Interpretan las leyes y la Constitución previo pago sobre el escritorio; ahora disfrutan de los placeres y las ganancias obtenidas del nefasto gobierno de Fujimori y Montesinos, temen ser descubiertos, evaden impuestos a la SUNAT, o colaboran lavando activos. ¡Malhechores! En la defensa de Odebrecht, una organización criminal, fueron santificados con el título de rehabilitados. El dedo acusador los señala: ¡responsables del descalabro nacional! ¡Falsa democracia! El Perú no es solo Lima; hay 24 departamentos sin atención: salud, con desnutrición crónica en Huancavelica (31.5%), Loreto (25.2%), Cajamarca (24.4%), Huánuco (19.2%), Ayacucho (18.1%) y Pasco (18.0%); anemia en Cuzco y Puno (50%); tuberculosis en segundo lugar en América Latina, con el bacilo de Koch extendido por toda la selva peruana y Cuzco; educación, con más de 46,000 desertores escolares; analfabetismo, con 1.3 millones de personas; y vivienda, con 1,860,192 familias sin hogar. ¿Podemos llamarnos país democrático?
En cuanto al Estado de Derecho, ¡vivimos de apariencias! Una vez denunciados constitucionalmente Zoraida Ávalos, Domingo Pérez, Rafael Vela, Salas Arenas y los 130 del «trokadero» de la avenida Abancay, que semana a semana violan las leyes; y sin olvidar al ex Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, por tráfico de influencias, omisión de la función pública, usurpación de funciones, entre otros. Este último, el felpudo de Gorriti, furibundo, ordenó que los fiscalillos subalternos, sin agallas y temblorosos, salieran del local del IDL, entorpeciendo la labor fiscal. Y, para completar la cereza del pastel, Pablo Sánchez permitió que la letrada, empleada del IDL y subordinada de Gustavo Gorriti Ellenbogen, la señora Cruz Silva Del Carpio, permaneciera a diario y tuviera acceso a las carpetas fiscales para escudriñar, obteniendo información privilegiada sin ser abogada de las partes. Por esta acción criminal deberán responder todos los fiscales que trabajaban en ese despacho, por ser los responsables directos de haber permitido tal corrupción.
Después de todo esto, gritaremos: ¡En el Perú hay democracia y respeto al Estado de Derecho! ¡No más hipocresía! ¡Exigimos sanción y no impunidad! ¡Basta ya!
¿Se configura terrorismo de la información?
He dicho.
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