Terrorismo de Estado en Venezuela
Los países autocráticos y sus seguidores quedaron al descubierto con el fraude electoral venezolano, destacando la dicotomía entre democracia y autoritarismo a nivel global. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó categóricamente la violencia y represión de Nicolás Maduro como “terrorismo de Estado”, pero las resoluciones de la OEA siguen siendo tibias.
El informe de la CIDH es contundente: Venezuela, bajo el mando de Maduro, ha consolidado un régimen autoritario que emplea el terrorismo de Estado para mantener el control. “Condenan las prácticas de violencia institucional en el proceso electoral en Venezuela, incluyendo represión, detenciones arbitrarias y persecución política. Se está sembrando terror para silenciar a la ciudadanía”.
Este informe se suma a las observaciones del Centro Carter, único observador electoral internacional que afirmó que el proceso no cumplió con los estándares internacionales de integridad, considerándolo no democrático.
En este contexto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió por segunda vez y aprobó, con el consenso de 22 de los 35 miembros, una resolución que exige la publicación “de manera expedita” de las actas de las elecciones del 28 de julio. ¿Era mucho pedir aprobarlo en la sesión del 2 de agosto? No. Tras 20 días sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique los resultados, y con los presentados por María Corina Machado, avalados por la ONU, el pedido de la OEA resulta insuficiente. Aunque se reconocen los derechos humanos y la transparencia electoral, no se abordan las violaciones documentadas ni se establecen sanciones ni acciones de seguimiento.
La postura de las naciones ante el fraude electoral y las violaciones de derechos humanos en Venezuela refleja claramente las posiciones políticas de cada país. A nivel global, las principales dictaduras, como China, Rusia e Irán, reconocieron de inmediato a Maduro, desafiando a las democracias occidentales y promoviendo un “nuevo orden” que ignora el fraude y la represión, mientras rechazan los derechos humanos.
China está consolidando su influencia en Venezuela mediante acuerdos energéticos y financieros. Para Rusia, Venezuela es una pieza geopolítica contra Estados Unidos, trasladando la sede europea de PDVSA a Moscú e invitando a Maduro a los BRICS. Irán, aliado en la lucha contra Estados Unidos, extiende su ideología autoritaria más allá de Oriente Medio.
Las dictaduras latinoamericanas, como Cuba, Nicaragua y Bolivia, comparten lazos ideológicos y económicos, incluyendo el narcotráfico. Defienden a Maduro no solo por afinidad política, sino por supervivencia. La caída de Maduro pondría en peligro su existencia, ya que dependen del apoyo mutuo para resistir las presiones internacionales y mantener sus dictaduras.
Sin embargo, el verdadero rostro de la tiranía se evidenció en la postura de Brasil, México y Colombia, que, aunque aparentan conciliación, respaldan solapadamente a Maduro y sus violaciones de derechos humanos. Lula da Silva afirmó: “Creo que Venezuela tiene un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura”, una ambigüedad que legitima el autoritarismo al negarse a condenar las atrocidades de Maduro. Esta supuesta neutralidad responde a intereses autoritarios, que disfrazan con una postura democrática ante sus electores, ocultando sus verdaderas intenciones.
La crisis venezolana revela profundas divisiones internacionales y expone lealtades que, bajo una fachada diplomática, defienden la tiranía. El respaldo de China, Rusia e Irán es parte de una estrategia global para desafiar el orden democrático, mientras que la ambigüedad de Brasil, México y Colombia pone de manifiesto inclinaciones autoritarias encubiertas. El apoyo de la comunidad internacional a la oposición venezolana debilita a los regímenes autoritarios, que ven en peligro su permanencia en el poder.
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