Tenemos que privatizar las cárceles

En el Perú, existe una opinión muy difundida de que algunos servicios están mejor en manos del Estado que en las de los privados. Se piensa que los servicios gestionados por privados serían más caros, lo cual es falaz porque el servicio más caro es el que no se tiene.
Si el municipio donde vivo es ineficiente, ¿puedo contratar a una empresa privada para que, por ejemplo, recoja la basura? ¿Por qué tengo que pagarle al municipio un arbitrio por algo que hace tarde, mal y nunca, y no pueda, por ejemplo, contratar a una empresa privada para que haga lo mismo?
¿Por qué el Estado debe ser el único proveedor de servicios públicos? Si queremos tener mejores servicios, debemos mirar más allá del Estado. La concesión es un buen camino. En ese orden, sería importante iniciar una política de privatización del sistema penitenciario.
Uno de los principales pasivos de las últimas administraciones ha sido la baja capacidad gerencial. Falta capacidad de gestión para dar dinamismo a la inversión pública y aprovechar los recursos fiscales. Se requieren instrumentos y metodologías para la gestión y toma de decisiones de políticas públicas. Y las concesiones traen también gestión.
Además, el Perú tiene un enorme déficit en infraestructura pública y el Estado no tiene suficiente dinero para proveer los servicios de infraestructura básica y superar ese déficit. La infraestructura carcelaria es parte de ese déficit.
El sistema penitenciario en nuestro país es costoso e ineficiente. Si las cárceles peruanas por lo menos fueran eficientes, el alto costo podría ser aceptable. Pero no es así.
Para nadie es un secreto la precariedad de nuestras cárceles. La superpoblación penal crea hacinamiento, y este hace que el solo hecho de albergar a los prisioneros en una cárcel sea todo un desafío. Y si el fin último de la pena es la resocialización del preso, sin programas de rehabilitación eficaces, eso no es posible.
La reforma carcelaria es una prioridad. De hecho, se debería privatizar las prisiones tanto para reducir los costos como para mejorar los programas de rehabilitación. Las experiencias con cárceles privadas en Estados Unidos y en otras partes, como Chile, son un ejemplo de que pueden ser construidas y operadas a un costo más bajo que las cárceles públicas.
Y si bien el privado tendrá que asumir costos como alimentación, servicios higiénicos, entre otros, con una administración eficiente se pueden obtener considerables ganancias. Incluso algunas empresas privadas carcelarias, como la Correction Corporation of America, cotizan en bolsa.
Las prisiones privadas deberían aspirar a tener más calidad que las públicas y ser más humanas. En Brasil, por ejemplo, según la Ley de Ejecuciones Penales, todos los presos deben trabajar; no es una opción, sino una obligación. El ocio permanente en un ambiente de promiscuidad tendrá siempre consecuencias negativas.
Que los presos trabajen y sean remunerados por su trabajo, que asistan a talleres culturales y que practiquen deportes para favorecer su reintegración social y permitir su equilibrio psicológico, requiere de una gestión eficiente, una capacidad gerencial que el Estado ha demostrado no tener.

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