¡Suspendan todo!

Leo con asombro la resolución dictada el 8 de junio último por un juzgado de primera instancia de Lima que ordena al Congreso de la República suspender el procedimiento de elección del nuevo Defensor del Pueblo, hasta que se culmine la tramitación del proceso de amparo iniciado por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo.

En primer lugar, cabe destacar que eso de juez o juzgado constitucional es solo una denominación para el cartel y quizás la tarjeta de presentación personal, ya que lamentablemente aún no tenemos en el país, una verdadera judicatura especializada en materia constitucional. Es por ello que el juez de marras si bien tiene algunos años en el llamado tercer juzgado constitucional –y desde allí suspendió también elecciones del Colegio de Abogados de Lima, a pedido de quien luego fue primer ministro de Defensa de P. Castillo– hace justo un año fue reasignado a un juzgado penal, declinando esa reasignación y manteniéndose en su anterior cargo.

En segundo lugar, resulta claramente inconstitucional que un magistrado de mínimo nivel jerárquico del Poder Judicial pretenda impedir que el Congreso de la República, un poder del Estado, ejerza una atribución propia y exclusiva, en circunstancias en que, además, no se advierte peligro de un agravio inminente y cierto a alguno de los derechos fundamentales protegidos por el proceso de amparo respecto a una o más personas concretas.

Por el contrario, que quien accione contra el Congreso de la República sea el sindicato que agrupa a los trabajadores -¿y funcionarios?– de la Defensoría del Pueblo, y que esa acción reciba el apoyo de quien hoy funge de encargada de la Defensoría del Pueblo, y que dejará tal encargatura, para regresar a su cargo de carrera, apenas asuma el nuevo Defensor del Pueblo, plantea por lo menos una mínima inquietud respecto de la legitimidad y decoro que subyacen a tal acción judicial frente a posibles intereses particulares en que no se designe al nuevo titular de esa entidad.

Caso similar al que se dio con seis miembros del, hoy felizmente ya renovado, Tribunal Constitucional, que permanecieron años en el cargo pese a haber expirado el tiempo para el que fueron designados, gracias a que la mayoría de ellos respaldó el inconstitucional cierre del Congreso perpetrado por el lagarto Vizcarra.

¿Podrían acaso los alcaldes y gobernadores accionar judicialmente para que se suspenda la ya convocada elección de sus sucesores? ¿Y los congresistas para que no se realicen nuevas elecciones congresales el 2026?

¡Ese es el escenario creado por tamaño despropósito judicial!

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