Susana Villarán: nuevo escándalo

Siniestra y sangrienta fue la muerte del exgerente municipal José Miguel Castro “Budián”. Le ejecutaron un quirúrgico, profundo corte mortal de catorce centímetros en el cuello, con el propósito de silenciarlo para favorecer a las empresas corruptas Odebrecht, OAS y a la exalcaldesa socialista limeña, Susana Villarán de la Puente. Las fotografías publicadas ayer por EXPRESO no dejan lugar a dudas de este execrable crimen. Incluso los sicarios dejaron como huella instrumentos con los cuales degollaron al testigo clave del caso Villarán. Castro era pieza fundamental en la narrativa del proceso seguido por el Ministerio Público: conocía los flujos de dinero, los contactos con Odebrecht y OAS, los mecanismos de encubrimiento, etc.
El hecho es que, a pocas semanas del inicio del juicio oral en el proceso contra Susana Villarán, este ha dado un giro dramático con la feroz muerte del testigo clave. Hablamos de un escándalo por financiamiento ilegal de campañas electorales con dinero clandestino de Odebrecht y OAS. Como colaborador eficaz, Castro había entregado pruebas ciertas sobre los aportes ilícitos para las campañas de revocatoria y reelección de Villarán. La escena del crimen muestra evidencias de violencia, con un corte de 14 cm en el cuello, cuchillos ensangrentados y cerradura manipulada. Otro hecho fundamental de sospecha es que este proceso lleva demorado más de ocho años y el fiscal encargado es Domingo Pérez; siempre pasivo allí donde haya participado la ultracorrupta Odebrecht. Y esto reaviva las sospechas de su favoritismo, lentitud procesal y eventual destrucción de pruebas.
La muerte ha impedido que Castro formalice su declaración ante la justicia; sin embargo, lo hizo como testigo eficaz. Y según el Código Procesal Penal, toda declaración de testigo fallecido, hecha legalmente antes del juicio, debe ser incorporada como prueba documental. En síntesis, si la muerte de Castro convierte en algo más vulnerable la condena a Villarán, también abre espacios para sospechar de la exalcaldesa y/o, consecuentemente, del entorno de los presuntos asesinos de su exgerente municipal, testigo presencial de todas aquellas corruptelas en las cuales está comprometida Susana Villarán.
Este atentado ha alarmado a los testigos existentes en este y en otros procesos judiciales, ante la posibilidad de la existencia de una red de silenciamiento. Hecho que afectaría a toda la cadena de testigos vigentes en incontables sumarios pendientes por el caso Odebrecht.
Si bien la muerte de Castro no anula automáticamente el atestado, lo complica y lo convierte en vulnerable. Esto precisa la urgencia de contar con un robusto sistema de protección de testigos en casos de corrupción estructural; donde el dinero negro sirve, precisamente, para evitar cualquier rastro de aquellos que contraten a sicarios para silenciar al deponente. La izquierda tiene suficiente prontuario como para no poner en duda su participación en este delito de autoprotección, invalidando las declaraciones del testigo clave Miguel Castro, quien iba a reconfirmar la culpabilidad del ícono socialista, Susana Villarán, receptando once millones de dólares de Odebrecht a cambio de otorgarle —por décadas— un negociado como los peajes que atraviesan la capital del país.

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