Sunedu y PCM miden fuerzas, y el Ejecutivo enmudece

¡Y se agarraron a pestañazos! De un lado la Sunedu prohibiendo el dictado virtual de clases universitarias al 100%, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 00006-2024 y del otro lado la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, contraviniendo dicha prohibición y ordenándole que un plazo de 5 días sea anulada, arguyendo que la misma “genera variación de los costos de cumplimiento y limita los derechos de las personas”, habiendo identificado que la Sunedu no realizó el debido análisis de impacto regulatorio, requisito imprescindible ante la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria a cargo de la PCM.

Se esperaba que esta acalorada controversia se resolviese en la interna, para evitar mayor desgaste de institucionalidad, bastante afectada por las constantes crisis políticas del país y la performance de muchas autoridades que han dañado y aún lo siguen haciendo, la prestancia de los poderes del Estado y determinados organismos constitucionales y autónomos.

No obstante esto no ocurrió y la respuesta de la Sunedu a la PCM, hecha pública, ha sido el desacatar su orden y por ende mantener la vigencia de la prohibición del 100% de virtualidad en el dictado de clases a partir del 2024. Se apela a una supuesta autonomía basada en una sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 0008-2022-PI/TC, que establece entre sus fundamentos que la Sunedu puede caracterizarse como una autoridad administrativa independiente con total autonomía respecto al Poder Ejecutivo.

En mi opinión, hay verdades a medias en ambos lados en este desaguisado. Al prosperar la contrarreforma universitaria en el Congreso materializada en la Ley Nº 31520, se restableció la autonomía de las universidades, eso es cierto, como también lo es que toda entidad del Poder Ejecutivo esté adscrita a un ministerio para que éste sea el responsable político ante el Congreso, en consecuencia ninguna institución u organismo público puede ser una isla en el aparato estatal, en este caso, el artículo 2º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, señala que los reguladores “son organismos públicos descentralizados adscritos a la PCM”. Esto conlleva quiérase o no a una coordinación entre organismo reguladores y PCM para la buena marcha de sus instituciones.

Llama la atención que la resolución de nombramiento del jefe de la Sunedu lo siga haciendo el ministro de Educación, cuando dicha Superintendencia vocifera ya no estar adscrita a dicho sector. ¿Anarquía en el Estado? Mientras tanto los platos rotos lo pagarán los estudiantes que se ven afectados por medidas que no han sido debidamente fundamentadas, con debida sustentación de los impactos que dicha medida originaría en el estudiantado que tanto dicen defender. Ahora Sunedu amenaza con tomar acciones legales contra la PCM por esta supuesta intromisión, en tanto que el nuevo premier Gustavo Adrianzén de perfil discreto, por lo menos de cara al voto de investidura que aspira tener del actual Congreso contrarreformista, aquello de zanjar el tema, marcarle la cancha a la Sunedu protegida por el Legislativo, no resultaría beneficioso.

Se ha optado por un silencio ensordecedor en cuanto al tema. Con ese dejar pasar y consentir tácitamente la rebeldía de la Sunedu, podrían dejar la puerta entreabierta para que otras instituciones se zurren del sector al que están adscritos y crean que gozan la misma autonomía constitucional que sí está reconocida expresamente en la Constitución, caso BCR, la Contraloría General, el Ministerio Público, los entes electorales, etc. Lo que la ciudadanía espera es una “Buena Gobernanza”. ¿Podrá capear el temporal el premier Adrianzén?

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