Sujeción del gobierno peruano al gobierno mundial

El sometimiento de un gobierno a un sistema de poder extranjero en contra de la nación está tipificado como delito de traición a la Patria, según el artículo 325 del Código Penal peruano, si lo hace durante una guerra acarrea pena de muerte, según el artículo 140 de la Constitución, lo que ahora está sucediendo con el desconocimiento de la población, debido al uso de los medios de prensa para ocultar la realidad y presentar como verdadera una realidad paralela basada en una estrategia de comunicación compuesta por falsos mensajes oficiales dictados desde el exterior.

El concierto criminal abarca organismos internacionales, gobiernos, farmacéuticas, médicos, científicos, personal sanitario, ONGS, medios de comunicación y diversidad de operadores servidores a la ejecución del plan de sometimiento de las naciones al Gobierno Mundial de la ONU y sus entes especializados que sirven a la imposición de la dictadura internacional de un falso Nuevo Orden Mundial en favor de sus intereses.

El gobierno peruano ha demostrado mediante actos públicos sujeción a esta organización criminal:

1. El exministro de Relaciones Exteriores Óscar Maúrtua ha suscrito un Convenio de Perú con la ONU poco antes de dejar el cargo.

2. El presidente Pedro Castillo ha anunciado en discurso público el sometimiento de su gobierno a la Agenda 2030, la hoja de ruta de subyugación de las naciones al Gobierno Mundial.

3. El exministro Hernando Cevallos ha comprometido al Perú con la firma de un Pacto “más amplio” para someternos a los dictados de este organismo en futuras pandemias, pese a sus criminales protocolos en la reciente.

4. El premier Aníbal Torres y sus ministros decretan la muerte civil, comprometiendo al Presidente, para obligarnos inconstitucionalmente a inocularnos sustancias transgénicas, pese a que ante los graves efectos adversos, la mayoría de países las han suspendido y cancelado las restricciones impuestas por la OMS. La explicación, su director Tedros Adhanom anunció que las vacunas sobrantes irían a los países pobres.

5. El presidente Castillo nombra ministros que garantizan continuar la Agenda 2030, esto revela que lo rodean “asesores puentes” con la élite extranjera que nos gobierna.

6. La Cancillería le impone inconstitucionalmente al Congreso supervisores de la OEA en procedimiento interno de absoluta competencia autónoma del Poder Legislativo.

Si los congresistas cumplieran su función de cautelar el Orden Constitucional y la independencia y soberanía del Perú, deberían estar ejerciendo las acciones constitucionales que corresponden en defensa de la Patria.

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