Sombras tras el indulto
El presidente de toda la década de 1990, Alberto Fujimori, enfrenta vicisitudes legales marcadas por la demora en el otorgamiento del indulto humanitario. La sombra del “antifujimorismo” promovido por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación CVR ha permeado el proceso, llevando a intervenciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que trascienden sus facultades.
Desde la crisis de corrupción en el 2000, que llevó a la renuncia de Fujimori durante su viaje a la Cumbre del APEC en Brunéi de donde no regresó, hasta el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017, se ha desencadenado una serie de eventos jurídicos complejos. La Corte IDH, en mayo de 2018, emitió una resolución de supervisión que cuestionó la actuación del Estado peruano en casos como Barrios Altos y La Cantuta.
La anulación del indulto por el magistrado Hugo Núñez en octubre de 2018, basada en la intervención de la Corte IDH, resultó en la detención y encarcelamiento de Fujimori. A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional en marzo de 2022, que restableció el indulto, la Corte IDH nuevamente intervino en marzo de 2022, solicitando la suspensión de la sentencia hasta que el TC se pronuncie sobre medidas provisionales.
La solicitud de aclaraciones presentada en abril de 2022 y junio de 2023, seguida por la declaración de improcedencia por parte del TC en noviembre de 2023, refleja la complejidad del proceso y las tensiones entre distintas instancias judiciales. La remisión del auto al juzgado de Ica y la sugerencia del Juez Fernando Fernández Tapia en diciembre del mismo año han desatado debates sobre la jerarquía de decisiones dentro del sistema legal peruano.
La demora en el otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori expone las tensiones entre las decisiones legales y políticas, exacerbadas por la intervención de la Corte IDH. Esta instancia internacional, al supervisar casos específicos, ha influido de manera significativa en el curso de la justicia peruana, generando cuestionamientos sobre la autonomía y soberanía del sistema judicial del país.
Este prolongado y controvertido camino legal refleja la preocupante intervención de instancias internacionales y su influencia en las instituciones peruanas. La demora en la liberación de Fujimori, impulsada por decisiones judiciales y políticas, pone de manifiesto la densidad de la sombra del “antifujimorismo”, que parece incidir en la reticencia de asumir responsabilidades en este proceso.
También ha puesto de manifiesto las fisuras en la interpretación de las normas constitucionales y la falta de consenso en torno a la aplicación del indulto humanitario. La intervención de personajes progresistas, tanto a nivel nacional como internacional, añade un matiz político a un asunto que debería ser tratado primordialmente desde el ámbito legal y constitucional.
En última instancia, la liberación de Fujimori, que debería materializarse con el indulto, plantea interrogantes sobre el papel de las instituciones peruanas en la defensa de su soberanía jurídica. El “antifujimorismo” continúa proyectándose sobre este proceso, generando dudas sobre si las decisiones judiciales se guían por consideraciones legales o por influencias políticas. La atención nacional e internacional se mantiene enfocada en este complejo entramado legal que, más allá de la figura de Fujimori, pone a prueba la fortaleza y autonomía de las instituciones judiciales peruanas.
Por Berit Knudsen
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