Solidaridad con Expreso
El Vigésimo Séptimo Juzgado Penal Liquidador declaró penalmente responsable al excontralor General de la República Edgar Alarcón por el delito de difamación agravada contra la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli, motivo por el cual se le impuso un año de pena privativa de libertad de carácter suspendida, también fueron declarados responsables Antonio Ramírez Pando, director EXPRESO, María Teresa García Valenzuela, jefe de Política y Emilio Antonio Grillo Lobatón, editor general del referido diario, “…como presuntos autores del delito contra el honor, en calidad de difamación agravada” y se les impuso una reparación civil de S/ 293 mil, la cual debe ser pagada en forma solidaria.
En el 2019, el excontralor afirmó en entrevista a EXPRESO que Molinelli habría ofrecido 2 millones de soles para que la Contraloría General de la República “no encuentre hechos irregulares” a la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chincheros. Molinelli negó haber realizado dicho ofrecimiento e inició las acciones legales correspondientes.
Hay que recordar que la Contraloría General de la República recomendó iniciar acciones legales contra diez funcionarios por presuntas irregularidades en la adenda a favor de Kuntur Wasi. A Molinelli se le encontró responsabilidad por suscribir la adenda; la cual, según el informe, no se ajustaba a la normativa de las Asociaciones Público Privadas y modificó condiciones de competencia como esquema de pagos, adelanto de pagos, traslado de cierre financiero y garantías otorgadas.
Del mismo modo, se le acusó por una presunta Negociación Incompatible, debido a que en el marco de las negociaciones, la viceministra sostuvo reuniones con Ximena Zavala, hermana del presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala y ejecutiva de Andino Investmen Holding, parte del consorcio de construcción Kuntur Wasi.
Mi solidaridad con Antonio Ramírez, director de EXPRESO, y los periodistas de dicha casa.
El derecho al debido proceso está consagrado en el inc. 3) del artículo 139 de la Constitución Política, el cual constituye un principio y un derecho de la función jurisdiccional por el cual todo proceso debe iniciarse y concluirse con la necesaria observancia y respeto de todos los derechos que de él emanen.
Es difícil comprobar un intento de soborno, eso le corresponde a la Fiscalía, pero nunca citaron al excontralor. En agosto de 2019, una fuente cercana al exfuncionario informó a EXPRESO sobre el evento de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), donde los mencionados políticos se encontraron.
La sentencia por difamación en primera instancia contra el excontralor y EXPRESO, es una ignominia en pleno estado de Derecho, donde solo queda apelar.
Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre.
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