Sobre la imputabilidad de menores de edad

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, aprobó el predictamen del proyecto se ley que propone establecer responsabilidad penal a los adolescentes de 16 y 17 años, en caso de que éstos incurran en delitos graves.

Lo que se busca con el referido proyecto de ley, es extender la pretensión punitiva del Estado peruano hacia personas adolescentes que luego de ser procesados penalmente y evidenciada su culpabilidad sobre conductas delictivas tipificadas como parricidio, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, exposición, trata de personas, explotación sexual, explotación sexual a menores, pornografía estudiantil, favorecimiento a la explotación y otras conductas delictivas que se describen en el susodicho proyecto, el cual si bien aún no se convirtió en Ley de la República para su promulgación y ejecución pertinente, pone en evidencia la intención de los integrantes del Poder Legislativo de modificar el Código Penal con el objetivo antes indicado.

Se argumenta entre los proponentes que los jóvenes de 16 a 18 años que incurran en los delitos que se mencionan en citado proyecto, serán tratados bajo un marco legal parecido al de los adultos, con ciertas diferencias en las penas, pero con un enfoque en la resocialización.

Se mencionó también que se está impulsando la construcción de centros penitenciarios especializados para jóvenes.

La norma propuesta contiene dos artículos, tres Disposiciones Finales y una Disposición Complementaria Derogatoria. A través de la modificación del Art. 20 de la norma sustantiva penal se pretende implementar dicha iniciativa.

Si bien en la actualidad aún la referida modificación del Código Penal no se convirtió en Ley de la República, sin embargo, existen grandes posibilidades, por los consensos que se vienen materializando.

Al respecto, en primera instancia la iniciativa legislativa de marras, apunta a efectivizar la lucha contra la delincuencia y establecer mecanismos de protección en favor de personas de bien, sin embargo no se toma en cuenta que el problema de la delincuencia en el Perú y el incremento exponencial de este flagelo, no obedece a la ausencia de una normativa penal, sino al mal funcionamiento de los organismos estatales vinculados con la tarea de combatir la delincuencia, a las investigaciones mal realizadas, así como al accionar del Ministerio Público y los operadores de justicia que exponen una preocupante mediocridad profesional en sus funciones, corrupción solapada y una absoluta falta de voluntad para generar mecanismos reales de protección a la ciudadanía.

Por consiguiente, el problema no sólo radica en la norma jurídica y en la ampliación de esa pretensión punitiva del Estado hacia los menores de edad. Se trata de entender que, la principal falla radica en los órganos del Estado que dejan a la ciudadanía en un preocupante estado de indefensión y desprotección, de la complicidad policial con determinados grupos delincuenciales, de la rapidez con la que los delincuentes logran salir de la cárcel para volver a incurrir en delitos más graves que los que originaron su inicial detención. Corresponde preguntarse cómo se puede entender que las víctimas de extorsión de las mafias, cuando acuden a la policía para denunciar que están siendo acosados por las bandas delincuenciales, éstas se enteran sobre la marcha de esas denuncias, para luego tomar represalias contra sus víctimas, al extremo de asesinarlas, como viene aconteciendo últimamente.

Ante esas circunstancias, es necesario reflexionar en sentido de que, la solución al problema, no está en pretender ampliar la acción punitiva del Estado hacia abajo, sino de diseñar y promover una verdadera Política de Estado, tendiente a extinguir o por lo menos reducir los elevados índices de casos de delincuencia, mejorar los mecanismos de seguridad y protección ciudadana, tareas que actualmente no se cumplen con la eficiencia y vocación protectiva necesaria. Estos elementos deberían ser tomados en cuenta por los congresistas cuando debaten sobre el tema.

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