Sistema y régimen educativo
Nuestra carta fundamental establece que tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa; formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos; supervisa el cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de una situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República.
El sistema educativo peruano comprende dos etapas: la educación básica y la educación superior. La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral de estudiante el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de sus capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad; es inclusiva; esta se organiza en: 1) Educación Básica Regular – EBR, que comprende los niveles de educación: a) Inicial, b) Primaria, y c) Secundaria; 2) Educación Básica Alternativa - EBA, que cubre las necesidades de: a) Jóvenes y adultos que no accedieron a la educación regular o no la culminaron; b) Niños o adolescentes que no se insertaron oportunamente en la EBR o que abandonaron el Sistema Educativo y su edad les impide continuar los estudios regulares; y c) Estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo; 3) Educación Básica Especial – EBE, dirigida a: a) Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular; y b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos.
La educación superior consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país; comprende a las universidades, institutos, escuelas y otros centros de educación superior.
La legislación pertinente reconoce también a la educación técnico-productiva y a la educación comunitaria; la primera orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales, destinada a las personas que buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral, así como a los alumnos de la EBR; la segunda, se desarrolla desde las organizaciones de la sociedad y se orienta a enriquecer y desplegar las capacidades personales y el desarrollo de sus aprendizajes para ejercer plenamente la ciudadanía y la promoción del desarrollo humano; estas acciones se realizan fuera de las instituciones educativas.
La descentralización de la educación es, sin duda, un tema polémico y controvertido en los últimos tiempos, se enmarca en el modelo de modernización del Estado; resulta más que una simple estrategia administrativa, pues implica necesarios cambios en la estructuras normativas, operativas y políticas, así como en la organización del sistema educativo; asimismo, supone la generación de nuevas formas de relación entre los sujetos que en ella participan.
En nuestro país, la educación es el sector que más ha sido objeto de desconcentración y descentralización, transitando por Inspecciones Provinciales (1941), Direcciones Regionales (1962), Núcleos Educativos Comunales – NEC (1972); en la década de los 80 nacen las Áreas de Desarrollo Educativo – ADE, que luego son renombradas como Unidades de Servicios Educativos – USE, convertidas en Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL; actualmente existen 206 UGEL distribuidas en 26 Direcciones Regionales de Educación, algunas con subdirecciones de región y otras no, Direcciones Regionales de Educación con y sin áreas de ejecución, entre otras perlas.
El desarrollo institucional del Estado en forma descentralizada exige una clara redistribución de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno, ya que la actual base de distribución de poderes es un impedimento para que las regiones (departamentos) incrementen sus capacidades para dar pertinencia a la educación.
La experiencia viene demostrando que las políticas educativas han sido más eficaces para escolarizar a la población que para mejorar la calidad de los aprendizajes; el crecimiento de las matrículas no ha sido acompañado por un crecimiento proporcional de la inversión en educación; la pobreza de las poblaciones escolarizadas se corresponde con la pobreza de la oferta de la educación pública. Para superar este problema se requiere voluntad política para construir una sociedad más igualitaria, una pedagogía racional y diferenciada para producir resultados de aprendizaje equivalentes y un incremento significativo de la inversión en educación con claros criterios de eficiencia y equidad.
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