Sin norte… seguimos en nada
Lo que más afecta la estabilidad del país es la falta de rumbo, algo mucho peor que no tener plan económico. La ausencia de objetivos precisos y realistas, más allá de la reactivación del Plan con Punche, hace que la pobreza sea una cuestión de urgencia, que está prevaleciendo sobre cualquier otra prioridad.
Acabamos de sumar 12 años perdidos con políticas económicas de izquierda y, ahora, nuevamente regresamos a tener más del 30 % de pobreza, según el Banco Mundial. Este hecho genera gran molestia para el Perú y debería curarse con las reformas para el crecimiento económico, generación de empleo y eficiencia de la administración pública para atraer inversiones. Si Boluarte se convence de las reformas y las hace, quizá su imagen en la historia cambie favorablemente.
La ciudadanía es intolerante frente a un gobierno débil en sus resultados, que muestra pereza para actuar. Por eso, el 45 % piensa que Boluarte no hace nada para mejorar la economía (Ipsos). Todos queremos saber qué esperar de un gobierno que aún no aclara sus planes, cambia de ministros con frecuencia y muestra reflejos aletargados frente a los problemas nacionales. Cualquier intento de detener una cuenta regresiva marcada al 2026 solo traerá desorden y caos.
Sin embargo, estos tiempos requieren tomar las riendas con ganas y evitar hacerlo será fuente de problemas. ¿Deberíamos esperar a ver qué hace? No, en absoluto. Basta de la lírica de las becas, los trenes y la presidencia de la Alianza del Pacífico. Son temas aislados que afectan, pero solo para una circunstancia particular y deberán resolverse en un plazo determinado.
Ya tuvimos suficiente mediocridad por evitar la fijación de objetivos que nos hagan crecer. Un buen gobierno debe articular con el Congreso la indispensable agenda de reformas estructurales. La labor implica tender puentes para construir los proyectos clave que permitan transformar al Estado en una buena administración libre de corrupción.
Estos resultados positivos dependerán de enlazar las propuestas del Gobierno, partidos políticos y actores sociales para que participen en el proceso y corrijan los efectos no deseados. Esto consiste en: primero, avanzar en corregir la descentralización con cambios profundos para que funcione en todo el país; segundo, ordenar la contratación pública que tiene un sistema desfasado y engorroso que solo incentiva las malas prácticas, como las evidenciadas en la pandemia; tercero, retomar el abandonado Plan Nacional de Competitividad y Productividad que contiene las reformas económicas de segunda generación; y, finalmente, limpiar el aparato estatal que ha crecido descontroladamente como un mamut, debido a la desnaturalización de los contratos CAS que terminaron solo dando salario a los allegados de gobiernos pasados.
El país debe romper el lastre de poner a cualquiera a cargo de la administración pública que solo busca influir con favorcitos para complacer a su exmandatario. Para salir de la mediocridad solo se puede ascender por meritocracia. Las reformas en la práctica requieren de una alta dosis del conocimiento de los principios de excelencia, competencia y capacitación para que el funcionario público tome mejores decisiones.
Este expertise es menester de Julio Velarde del BCR, quien ha entendido el proceso de reforzar el esquema institucional del Estado sin contaminarlo con perturbaciones políticas. Entonces, la presidente Boluarte debe comprender que no se trata de inventar la pólvora.
Consiste en rodearse de expertos que tengan clara la idea medular de la meritocracia, es decir, solo permitir que suban al ascensor aquellos que trabajen con fluidez y brinden sus servicios con ética y moral pública. Las reformas requieren de personas idóneas que analicen cómo generar inversión y empleo, adoptar la tecnología y mejorar los procesos, tanto a nivel macro como micro. Ánimo, Dina Boluarte, su pasado no determina su futuro.
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