Sin confianza no hay Estado
El censo nacional, una de las herramientas más valiosas para la planificación estatal, enfrenta en el Perú un escenario adverso que revela, más allá de la estadística, el profundo deterioro de la relación entre ciudadanía e instituciones. En Arequipa, doscientos cincuenta censistas han renunciado debido a la negativa de la población a ser censada, mientras que en otras ciudades grandes el temor a la filtración de información personal alimenta la resistencia ciudadana.
El rechazo no se explica únicamente por desinformación. Responde a un contexto donde la fragilidad del Estado y el desprestigio del sistema democrático han erosionado la confianza pública. La ola de criminalidad —con extorsiones, amenazas y asesinatos— ha colocado a las familias en una situación de alerta permanente. En ese clima, brindar datos personales a un encuestador genera más miedo que seguridad.
El recelo tiene fundamentos reales. Casos recientes, como la filtración de información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) o las afiliaciones ilegales a partidos políticos sin consentimiento ciudadano, han confirmado que el Estado peruano es vulnerable al ataque de mafias y organizaciones criminales. Si instituciones claves pueden ser hackeadas o manipuladas, ¿qué garantía ofrece un censo masivo con datos sobre condición socioeconómica?
En Arequipa, el rechazo adopta una lógica política. Allí, la negativa a colaborar no se limita al temor al crimen organizado: expresa una deslegitimación abierta de la autoridad estatal. El desprestigio del Ejecutivo y del Congreso, ambos con niveles mínimos de aprobación, ha creado un vacío de confianza que se traduce en resistencia frente a cualquier acción pública. La renuncia de los 250 censistas en esa región refleja cómo la crisis institucional se materializa en fracasos operativos.
El problema de fondo es claro: cuando el ciudadano no confía en el Estado, no solo se bloquea una política específica, sino que se genera un efecto dominó que paraliza la capacidad de gestión. Sin datos confiables, el Estado se ve obligado a trabajar a ciegas: no sabe dónde están las necesidades más urgentes, cómo redistribuir recursos ni qué políticas priorizar. Es como pretender navegar sin rumbo definido.
El censo, más que una encuesta estadística, es una radiografía del país que permite diseñar políticas públicas con base en la realidad y no en intuiciones. Si esa herramienta se ve saboteada por la desconfianza, la consecuencia no es un simple retraso: es la consolidación de un Estado incapaz de planificar, invertir y responder a los problemas sociales.
Lo que ocurre con el censo es un síntoma, no la enfermedad. Es el reflejo del deterioro del sistema democrático luego de 25 años. La pugna entre poderes, la corrupción y la ausencia de liderazgos legítimos han debilitado la estructura estatal. En ese vacío, el crimen organizado ha encontrado terreno fértil para expandirse por todo el territorio nacional y permear distintos niveles de gobierno.
El futuro inmediato plantea un gran reto. Con elecciones a la vista, cualquier gobierno que asuma en 2026 deberá enfrentar la tarea de reconstruir la confianza institucional como condición para ejecutar políticas básicas. Sin confianza, no hay gobernabilidad. Y sin gobernabilidad, cualquier promesa de desarrollo queda en palabras.
Los problemas que enfrenta el censo, en este contexto, son una advertencia: si el Estado no logra garantizar seguridad, transparencia y eficacia en una tarea técnica, difícilmente podrá hacerlo en los grandes desafíos nacionales. El Perú necesita un Estado resiliente, capaz de blindarse frente a las mafias y de recomponer el vínculo con la ciudadanía. Solo así la democracia podrá dejar de ser un cascarón vacío y volver a ser el vehículo legítimo para resolver los problemas de la nación.
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