Silvana Carrión, ¿procuradora servil?

La reciente destitución de la cuestionada Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato no es una anécdota administrativa, es el epílogo previsible de una gestión marcada por la opacidad, la lenidad frente al crimen transnacional de cuello y corbata y una desconcertante falta de voluntad para defender los intereses del Estado peruano. Fue la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, tan defensora de Odebrecht, quien designó a Silvana Carrión como procuradora ad hoc adjunta para el caso Lava Jato en 2017, durante el gobierno de “lujo” de Pedro Pablo Kuczynski. Su nombramiento se dio en el marco del Decreto Legislativo 1326, que reorganizó el sistema de defensa jurídica del Estado y creó la figura de la Procuraduría General del Estado (activada recién en 2018).
El caso más escandaloso es su actuación –o, mejor dicho, su omisión deliberada– en el proceso internacional por Rutas de Lima. Cuando la Municipalidad de Lima solicitó a un tribunal de Nueva York respaldo para obtener pruebas en su demanda contra Brookfield, comprador de las acciones de Odebrecht, la Procuraduría Ad Hoc a cargo de Carrión se negó a intervenir. Alegó que no tenía competencia, como si la defensa de los intereses económicos del Estado peruano en un caso conectado directamente con Lava Jato no fuese precisamente su razón de existir.
Ese rechazo inicial dejó sola a la Municipalidad en un litigio multimillonario (Perú podría perder 2.700 millones de dólares), sino que reforzó la defensa de Brookfield y erosionó gravemente la posición procesal del país, desacreditando públicamente la estrategia legal peruana. Una irresponsabilidad que rozó la traición y que la doctora Katherine Ampuero calificó de “disparo a los pies”, en el programa de la periodista Diana Seminario.
Y aquí salta el hecho de que Carrión trabajase por más de quince años en el estudio de César Azabache, abogado que, casualmente, hoy defiende a Brookfield. ¿Podía esta funcionaria ejercer su labor con imparcialidad? El conflicto de intereses es tan evidente que sorprende que haya llegado a ocupar el cargo. Que su despacho decidiera abstenerse de participar activamente en un proceso contra Brookfield resulta una imprudencia ética.
Su tibieza también fue patente frente a Odebrecht. La reparación civil negociada —610 millones de soles— fue ridícula frente al daño causado. El famoso fideicomiso, que ella defendió con orgullo, fue diseñado para que Odebrecht pague con el dinero de sus propios activos, asegurando que el castigo económico fuera, en la práctica, indoloro.
Lejos de usar su cargo para perseguir con firmeza a los responsables de la corrupción, Carrión se parapetó tras tecnicismos y compartimentos burocráticos. Donde se requería contundencia, mostró complacencia. Donde se pedía transparencia, ofreció oscuridad. Donde se necesitaba liderazgo legal, entregó una administración ambigua y permisiva.
El caso Lava Jato exigía un perfil combativo. Carrión eligió ser diplomática con los corruptos y hostil con quienes exigían justicia. Su salida no es una pérdida para la lucha anticorrupción; es, finalmente, una oportunidad para que el Estado deje de servir de alfombra a las grandes mafias corporativas.

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