Sería salida facilista para deshacinar penales, abrir las cárceles a delincuentes

En política es difícil creer que se pueda dar puntada sin hilo, es decir, el actuar con segunda intención, comentario que traigo a colación por el reciente anuncio del Ministerio de Justicia, de una campaña que busca el acceso a beneficios penitenciarios —léase, obtención de su libertad— de miles de presos sentenciados por no pasar alimentos a sus descendientes (hijos) y, en su caso, ascendientes (padres), o a ambos. Tipificado en el Código Penal peruano como delito de Omisión de Asistencia Familiar, este es la única excepción que recoge nuestra Constitución acerca de no existir prisión por deuda (ojo, no lo confundamos con el delito de Estafa, que sí acarrea prisión efectiva).
Una nota de prensa señala que dicha campaña está inspirada en el enfoque de derechos de la niñez y del Principio del Interés Superior del Niño, lo cual es plausible, ya que en esa lógica, una persona privada de su libertad no puede honrar la deuda que lo llevó a la cárcel, por la dificultad de trabajar y generarse un ingreso, acrecentándose más lo adeudado y desatendiendo su obligación de proveer sostenidamente los alimentos a sus hijos y/o padres en estado de vulnerabilidad, ya sea por la edad o situación económica precaria.
Sin embargo, las leyes han previsto tal escenario: que si el obligado no pudiese responder con la asistencia familiar, lo harán en su representación sus padres, en este caso, los abuelos de éste. Por lo cual, sugiero al Ejecutivo que más bien los esfuerzos y recursos del Estado se enfoquen primordialmente en dar orientación y asistencia legal a través de ALEGRA (Centro de Asistencia Legal Gratuita) de la Dirección de Defensa Pública, a esas familias que no saben del alcance de sus derechos y mendigan pensiones alimenticias indignas.
ALEGRA no solo debe limitarse a dar consejos o absolver consultas, sino a interponer las demandas o denuncias que correspondan y acompañar con sus abogados a los alimentistas hasta obtener justicia. Entiéndase: la pensión de alimentos y los cuidados parentales que están inmersos en este concepto, ya que no todo es dinero. Hay afecto, cuidados personales, asistencia médica, soporte hacia los hijos y demás beneficiarios, que tienen derecho a recibir, Derechos Fundamentales de las Personas.
La justicia busca darle a cada uno lo que le corresponde, y el ente rector, el MINJUS, en mi humilde opinión, debe abocarse a estos casos: a asistir y acompañar a los alimentistas, a exhortar al Poder Judicial por cumplir con los plazos procesales, a generar las oportunidades de trabajo en alianza con el sector privado, para que los desempleados puedan acceder a una chamba que los permita sostenerse y sostener a su familia.
¿O es que lo que pretende el gobierno es el deshacinamiento de los penales por la vía más facilista y este es solo un piloto?, abriendo las cárceles a deudores alimentarios, que échense a ver si no registran ocurrencias de violencia familiar también, y de delincuentes “por delitos leves”. ¿Perdón? Si están presos es por la gravedad de los hechos cometidos con penas superiores a cinco años de carcelería o por representar peligro para la sociedad.
Estimo que esta podría ser una campaña para socializar la idea de abrir las cárceles de estos sujetos y recuperar espacio, a falta de una efectiva “Política Penitenciaria”. No me extrañaría que luego siempre se envíe un proyecto del Ejecutivo al Congreso, ampliando sus beneficios penitenciarios.
Sincerémonos mejor.

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