¡Sentido de la oportunidad!, señores del Tribunal Constitucional

En los últimos días le ha llovido sobre mojado a la presidenta del Perú, Dina Boluarte. El Ministerio Público ha interpuesto una tras otra cinco denuncias constitucionales en su contra ante el Congreso de la República, para que este poder, el único que puede hacerlo, autorice el levantamiento de la inmunidad presidencial y pueda la Fiscalía de la Nación proceder con las investigaciones preparatorias, que es la antesala al juicio oral, formalizadas que fueran las acusaciones penales.
Pero está cantado que el Congreso desestimará las denuncias interpuestas ante su fuero, en concordancia con las anteriores presentadas en contra de la jefa del Estado, basándose en el artículo 117º de nuestra Constitución, que señala que a un mandatario en ejercicio solo se le puede acusar por cuatro definidas causales, fuera de las cuales, se deberá esperar a que concluya su mandato.
El Ministerio Público sabe qué esperar de este Congreso que se escuda tras del manto de protección del presidente, pero está obligado por la Constitución a agotar todas las formalidades de ley, buscando prevenir que las pruebas sufran deterioro o pérdida y que determinados delitos decaigan en prescripción, por el transcurrir del tiempo, propiciando con ello la “impunidad”.
Entre tanto, todo este ruido fiscal-policial distrae no solo la agenda nacional que debe estar abocada a generar desarrollo, a eliminar brechas de desigualdad, a combatir la anemia infantil y a contrarrestar los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país, entre otras urgencias, sin dejar los operadores de justicia de investigar y sancionar a quienes atentan contra la Administración Pública, en agravio del Estado, que lo somos todos los peruanos, pero dentro de los cauces de ley, y estos deben quedar meridianamente definidos por la entidad que vela por la constitucionalidad de las leyes y la debida interpretación de su texto: el Tribunal Constitucional, a quien, con el debido respeto, se le exhorta a dejar de lado su parsimonia y resolver a la brevedad que el caso exige, la demanda competencial planteada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de determinarse si es válido ir más allá de lo contemplado por el citado artículo 117º y deba responder desde la etapa de investigación un mandatario en funciones sobre supuestos delitos que pudieran imputársele.
Será esta decisión un parteaguas para todas las carpetas fiscales abiertas contra la presidenta Dina Boluarte, muchas de las cuales han recaudado contundente información que avalaría las tesis del Ministerio Público, la que por extensión, también será de aplicación para el golpista Pedro Castillo en todos los demás casos por los que se le investiga conjuntamente con otros altos funcionarios de su gestión, salvo el de la pretendida ruptura del orden constitucional de diciembre del 2022, al que se le aplicó la flagrancia.
Esta flema del T.C., que ya tiene varios meses en su fuero la causa y ya entramos a los últimos días de mayo, exige preguntarles: ¿Dónde está su sentido de la oportunidad?, aquello de tomar una decisión a tiempo, en el momento más idóneo, en este caso, en favor de la democracia, que se ve afectada por esta pugna de poderes, que exige de la capacidad de los miembros del T.C. el encontrar el justo medio para cautelar lo investigado y no permitir su archivamiento, y el de reconocerle determinada protección a quien representa a la Nación en tanto se desempeña como tal.
Tomar acción, decidir, para bien o para mal, pero lo que no puede seguir pasando es esta incertidumbre que afecta también nuestra economía.

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