Señora Boluarte, dé el paso de una vez
La semana pasada advertí desde esta columna que debe tenerse cuidado con la demagogia gubernamental en el caso de la denuncia del Pacto de San José y el sistema interamericano de derechos humanos. Mucho es lo que se dice y amenaza, pero nada lo que se ejecuta.
Así, la Cancillería acaba de publicar un nuevo comunicado, impecable en su mensaje, rechazando la abierta injerencia de la Corte IDH que pretende la no aplicación de la ley de amnistía que beneficia a los militares y policías perseguidos política y judicialmente por haber luchado contra el terrorismo entre 1980 y el año 2000. Sin embargo, la declaración diplomática de reafirmación de nuestra soberanía no guarda correlato con la decisión esperada del Ejecutivo de anunciar el retiro del Perú de un ámbito jurisdiccional pervertido.
¿Qué demora a Dina Boluarte de dar el paso definitivo? Es ella, personalísimamente, quien debe comunicar a la OEA la decisión de la denuncia del Pacto y empezar el proceso que dura un año hasta liberarnos del yugo de un órgano que ha dejado de lado la defensa estricta de los derechos humanos para intentar convertirse en un inaceptable gobierno supranacional. ¿Es que acaso se está utilizando el tema como simple retórica para darle oxígeno político al gobierno desfalleciente?
El juego político está relegando lo esencial. La Corte IDH y la Comisión Interamericana incuestionablemente juegan en pared con la mafia de ONG que lucran con los derechos humanos y parten del principio ideológico que entiende a las fuerzas del orden como enemigos de clase en la revolución. Para las izquierdas marxista, gramsciana y progresista el objetivo común es reivindicar a la subversión como forma de lucha y transformación social, por eso defienden al terrorismo y sostienen que en el Perú hubo un “conflicto armado interno” en el cual supuestamente los asesinos subversivos fueron tan responsables de la violencia como los militares y policías.
El fin último, en consecuencia, es destruir la moral y la esencia de nuestras FFAA y PNP y por eso deben perseguirlas judicialmente con doctrinas de una “convencionalidad” que se nutre de la jurisprudencia aberrante de la Corte Interamericana.
Frente a esa barbaridad defendemos la amnistía y la institucionalidad militar y policial. Pero necesitamos que se dé el paso crucial e inmediato de salirnos de un sistema desquiciado. So riesgo de quedar como una demagoga y traicionera, Dina debe dar el paso sin más dilaciones.
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