Seguridad jurídica para reactivar la economía
El 2023 ha sido un reto para nuestra economía en medio de las protestas sociales, conflictos internacionales y la crisis política. De enero a octubre, nuestra economía registra una caída de -0,65% lo cual reveló un desempeño negativo en los sectores agropecuario, telecomunicaciones, financiero, construcción, alojamiento y restaurantes, entre otros.
Frente a este escenario, entre las necesarias medidas de reactivación económica, este año que empieza, el gobierno debe emprender acciones claras para promover la confianza de los empresarios e inversionistas.
La seguridad jurídica es la llave que abre la puerta de las inversiones en un país, la garantía que hace posible la recuperación de cualquier situación de crisis y que eleva los estándares a una política económica confiable. Pocos saben, que es un principio implícito constitucional muy importante en materia económica y administrativa.
De acuerdo a la jurisprudencia del TC, la seguridad jurídica atraviesa horizontalmente el ordenamiento jurídico, y permite “la predectibilidad de las conductas de los poderes públicos frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, garantizando de esa manera la “interdicción de la arbitrariedad”.
Respetar la voluntad contractual así como la inmodificabilidad de la cosa decidida en el ámbito administrativo, dotar de un marco jurídico concordante con el orden constitucional, una Administración que con reglas claras respalde los acuerdos comerciales y eliminar las barreras burocráticas, son acciones concretas que garantizan la vigencia y exigibilidad de la seguridad jurídica a favor de la promoción de las inversiones en nuestro país. Es imperativo apostar por la desregulación y dejar de lado el pensamiento de dotar al Estado de un rol protagónico en materia económica a sabiendas de su excesiva burocracia e ineficiencia en la gestión pública.
De otro lado, las libertades económicas merecen un mayor desarrollo constitucional tal como la libertad de empresa, la libertad de trabajo y la libre iniciativa privada entendiendo que no son libertades ilimitadas sino que forman parte del desempeño natural de las actividades económicas desarrolladas tanto por personas naturales como jurídicas.
En esa línea, los actos administrativos deben someterse de forma directa al contenido constitucional y en segundo término al principio de legalidad, en tanto, su legitimidad no está determinada por el respeto a la ley sino por su vinculación constitucional.
La reactivación de la economía no solo debe ser parte de declaraciones de buena voluntad sino de acciones concretas enfocadas a fortalecer las garantías jurídicas y administrativas de promoción de la inversión en el marco de una política económica sostenible.
Es importante dotar de confiabilidad al aparato administrativo en sus tres niveles de gobierno, de tal manera que el ejercicio de sus competencias apunten al desarrollo económico cuidando que los compromisos, contratos y acuerdos comerciales no vulneren derechos fundamentales como el derecho a la salud, la seguridad, el medio ambiente. Fomentar la seguridad jurídica va de la mano de una administración responsable.
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