Seguridad, ¿en caída libre?

Hace 23 años, el Fondo Editorial del Congreso publicó un trabajo de mi autoría titulado “Seguridad ciudadana, política de Estado”, donde propuse un conjunto de acciones para enfrentar el problema de la delincuencia.
En ese texto señalé que debía constituirse una unidad operativa o comando unificado de coordinación, integrado por todos los organismos públicos vinculados al tema (PNP, Poder Judicial, INPE, Ministerios del Interior y de Defensa, Fiscalía, Congreso, serenazgo, gobiernos locales y regionales), con participación de comités de autodefensa y empresas privadas.
A muchos sorprendió esta última referencia porque desconocían que la Ley 28879, promulgada el 24 de julio de 2006 y actualizada posteriormente, establece en su artículo 38 que “el personal operativo que brinda servicios de seguridad privada tiene la OBLIGACIÓN de prestar apoyo, colaboración y auxilio a la Policía Nacional del Perú en el ejercicio de sus funciones”.
La norma, elaborada por la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que tuve el honor de presidir, se promulgó cuando había 389 empresas, que contaban con 47,741 vigilantes provistos de 32,448 armas de fuego, 1,500 unidades de transporte y 10,000 aparatos de comunicación.
Esa potente plataforma ha crecido significativamente. Ahora existen 1,219 compañías con 1,325 sucursales y 107,000 efectivos en planilla que disponen de 45,817 pistolas o revólveres y una importante flota de vehículos, algunos blindados. Sus agentes están distribuidos en bancos, mercados, estadios, restaurantes, empresas mineras, centros comerciales, grifos, urbanizaciones y domicilios.
Para que el sistema funcione bastaría compatibilizar los equipos de comunicación de las empresas privadas con la PNP, trabajo que sería más productivo si emplearan tecnología de punta (cámaras de vigilancia, sensores, localizadores) para transmitir alerta temprana a la PNP, advirtiendo sobre sospechosos a pie o en vehículos, o alertando sobre actos delictivos.
¿Por qué el Gobierno no activa ese mecanismo? No lo sabemos. Tampoco entendemos por qué, pese a que las cárceles están sobrepobladas, no se han construido más penales seguros donde los internos trabajen para resocializarse y sufragar sus gastos. Las autoridades saben que, desde los penales, se coordinan asaltos, secuestros y asesinatos porque no existen bloqueadores de celulares, los cuales ingresan con facilidad, como muestran las requisas del INPE.
En 2024, asesinaron a 1,493 personas, y de enero a marzo de este año ya se registran 612 homicidios —más de seis por día— mientras las extorsiones crecen alarmantemente. Los bodegueros interpusieron 14,220 denuncias en 2024 y 4,000 más en lo que va de 2025. Según CID Gallup, la percepción del crimen en Perú ocupa el segundo lugar del hemisferio, después de Ecuador. Las estadísticas indican que 26 % de personas ha sido víctima de algún delito y existen 100,000 denuncias por crimen organizado.
Vivimos tiempos complejos, con instituciones débiles y desprestigiadas. Más del 95 % de la población rechaza al Poder Ejecutivo y Legislativo, y otras entidades, como la Fiscalía y el Poder Judicial, también están politizadas. Esto explica no solo el aumento de las tasas delictivas, sino el resurgimiento del terrorismo, vinculado al narcotráfico y la minería ilegal, que movilizan ingentes recursos. Lo vimos en las violentas manifestaciones a favor de Pedro Castillo, el asesinato de cuatro militares en Putis, Ayacucho, y en Pataz, donde bandas criminales usan dinamita y fusiles R-15, causando numerosas muertes en la minera La Poderosa.
Hoy, observamos impotentes el accionar de bandas extranjeras, como la venezolana Tren de Aragua. Este es el tema que debe unir a la nación y ser prioridad en las propuestas de los partidos políticos que competirán en las próximas elecciones, que se proyectan violentas, según coinciden los especialistas.
¿Estaremos a tiempo para evitar ese desastre? ¿Existe voluntad entre los candidatos para consensuar una propuesta conjunta? De esas respuestas depende, en gran medida, el futuro del país.

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