Seguridad ciudadana en crisis

El problema de la inseguridad ciudadana es sistémico. Para abordarlo, es necesario también considerar otros problemas como la migración, la informalidad, y la falta de oportunidades laborales, entre otros.

Además, se requiere no solo involucrar, sino comprometer a todos los sectores con objetivos y metas definidas, un monitoreo permanente, y transparencia en la ejecución del gasto público destinado a fortalecer a los operadores directos, principalmente, la PNP, el servicio de Serenazgo y el Ministerio Público. La especialización, la formación técnico-forense, la interoperabilidad y la estricta aplicación de la ley son esenciales para la prevención de la delincuencia.

Desde el 2003, contamos con la Ley 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, encargado del diseño, elaboración y ejecución de las políticas públicas en la materia, y cuya secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) es el órgano técnico, coordinador y ejecutor de las medidas y acciones en materia de seguridad a nivel nacional. Han pasado casi 21 años desde su creación, y hasta el momento no se puede apreciar el éxito de la fórmula.

Por tanto, el responsable del incremento de la criminalidad no es un gobierno específico, sino el desarticulado ejercicio de las funciones de los sectores, así como la falta de compromiso político en la lucha contra la criminalidad. De acuerdo con el informe “Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023” (INEI), entre los años 2021 y 2023, la cantidad de ciudadanos peruanos que indicaron haber sido víctimas de algún hecho delictivo pasó de 18.2 % (2021) a 27.1 % (2023).

A esto se suma el incremento de la tasa de victimización (27%), siendo una de las causas la poca credibilidad y confianza en las autoridades que no cumplen sus funciones en los tiempos y formas establecidos por ley.

Si no se denuncia, entonces no se investiga. Sin embargo, las víctimas no denuncian porque no confían en que su caso será investigado con la debida diligencia o creen que solo tendrá éxito mediante una coima. Cuando esto ocurre, la inseguridad encuentra un gran aliado en la impunidad. Este es el sentir de la mayoría de los peruanos frente a instituciones debilitadas por la corrupción y la inseguridad jurídica generada por la politización de la justicia. Mientras tanto, aunque las reformas actuales en materia de seguridad ciudadana consideran al sector privado como un aliado en la ejecución de las políticas, esto no se refleja en la realidad, ya que tenemos un gobierno que aún se cree capaz de contener lo que hace rato se le escapó de las manos.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.