Seguimos esperando una explicación, presidente Vizcarra
Quebrantada la Constitución tras ejecutar un golpe de Estado, el autocracia se instaló en el poder rodeada de una cohorte áulica que le dirá chicheño a cualquier estupidez que decida cometer. Roto el principio constitucional, cualquiera cosa podrá ocurrir. Y por lo general una de las principales víctimas termina siendo la libertad de expresión. Porque con medios periodísticos sin mordaza el golpismi queda sujeto a un escrutinio severísimo dados sus antecedentes antidemocráticos. Y como sucede con todo delito, sus autores pretenderán eludir sus responsabilidades portándose como elefantes en cristalería. Vale decir torpe y prepotentemente, con tal de ganar tiempo aferrándose a un poder ya espurio.
El régimen Vizcarra es consciente del golpe de Estrado que produjo cerrando el poder Legislativo. Lo ejecuto apelando a un clarísimo ardid. Temerariamente denunció ante el Tribunal Constitucional TC que el Congreso rechazó “fácticamente” la condición de confianza planteada a destiempo por el Ejecutivo. Amable lector, el término “fáctico” no está contemplado en nuestra Constitución. El Congreso sólo aprueba o rechaza propuestas. Sin embargo, semejante dislate únicamente pudo validarlo este Tribunal Constitucional TC integrado por una mayoría de neosocialistas identificados con el gobierno que maneja la progresía marxista. Régimen en el cual esos tribunos confían que les permitirá seguir aferrándose al cargo, pese a encontrarse vencido hace años el período para el cual resultaron nombrados por el procesado por corrupción Ollanta Humala.
En consecuencia, conocedor de sus fechorías antidemocráticas e inconstitucionales, Vizcarra no duerme tranquilo. La prensa opositora le incrimina sus desvaríos y no le deja pasar uno sólo de sus dislates sin enrostrarselo. A contramano de lo que hace ese periodismo venal comprado con su dinero, amable lector, que mañana, tarde y noche aplaude las sandeces presidenciales, aparte de convalidarle cuanta tropelía, trasgresión constitucional y/o falla gubernativa genere. Una de las consecuencias del golpe de setiembre fue el allanamiento de la vivienda de María Teresa García, editora de la sección Política de EXPRESO, perpetrado por sendos fiscales -recordemos que esta Fiscalía solamente acata ucases del Ejecutivo- parapetados tras cuarenta policías liderados por un comisario del Callao. El pretexto fue recabar el video de “un asalto callejero” ocurrido en los alrededores de dicho inmueble, que “habría sido grabado por una cámara” de la periodista instalada en los exteriores de su vivienda como medida de seguridad. No pretenda engañarnos, mandatario Vizcarra. Hablamos de una acción repudiable e intimidatoria urdida entre el ministerio del Interior y la fiscalía con permiso suyo, presumiblemente. Tanto que, pese a tratarse de un indisimulable amago contra la libertad de expresión, han trascurrido 30 días y su gobierno no ha dado explicación alguna. Como tampoco han protestado instituciones con doble rasero, que por un lado aplauden al presidente Vizcarra y por otro se rasgan las vestiduras alegando “defender los derechos universales”. Aunque en este caso prefirieron guardar silencio. Hablamos del Defensor del Pueblo, el Consejo de la Prensa, IDL, las ONG, etc. Porque fue un acto intimidatorio, premeditadado contra EXPRESO, concebido por el progremarxismo que apasionada, hipócritamente convalida inclusive los atropellos de este gobierno.
