¿Se viene la denuncia a la Corte IDH?

Quijotes, considero que, ante el Recurso de Apelación por Salto interpuesto por la defensa legal de expresidente Alberto Fujimori, la decisión del Tribunal Constitucional ordenando la ejecución de su liberación, es una clara evidencia de la recuperación de soberanía jurisdiccional, que representa, que simboliza el punto de quiebre con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH.

En esa misma línea estaría el gobierno. Tomemos en cuenta lo manifestado por los voceros del Poder Ejecutivo, respecto de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre la liberación de Fujimori. No es casual el nombramiento de Javier González-Olaechea Franco como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores quien, como es bien sabido, está en la línea de denostar contra actos intromisorios contra la soberanía de parte de la CIDH y la Corte IDH. No soslayemos que, hace poco, el gobierno, mediante Decreto Legislativo N° 1586, endurece las penas para quienes bloqueen carreteras, tomen aeropuertos, incendien y destruyan propiedad pública y privada durante protestas sociales. Entonces, me parece, podría ser que éstos sean actos concretos relevantes que revelen el inicio de una gesta para el retiro, para la denuncia del Perú a la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto de la de la CIDH y de la Corte IDH.

El 22 de junio de 2023, estando presente en la 53 Asamblea General de la OEA, celebrada en Washington DC, dejé constancia (https://www.expreso.com.pe/opinion/53-asamblea-general-de-la-oea/) de mi percepción sobre la agenda de esta organización ideologizada que abiertamente rechaza “… la represión del Estado en contra de la población que protesta por sus derechos… sirviendo de caja de resonancia internacional, utilizando el paragua discursivo de la promoción de los Derechos Humanos, lucha contra la desigualdad, la inclusión, el tránsito de la informalidad hacia la formalidad, mejoramiento de las condiciones laborares, la despenalización de la toma de los espacios públicos y de las protestas sociales, por la ciudadanía plena de los afrodescendientes históricamente excluidas, en contra del racismo sistémicos”.

Quijotes, el Perú es un Estado soberano conformante de la comunidad internacional, claro que sí; lo cual no implica deba perder un ápice de soberanía, menos someterse subordinado silente en ningún aspecto, menos aún para la resolución de sus asuntos internos. Perú es un Estado republicano, conformado, sostenido por tres poderes, entre ellos el Poder Judicial. Además, conforma su estructura institucional el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y demás organismos autónomos constitucionalmente reconocidos.

El Perú es un Estado soberano que no está sometida a mandato imperativo de institución internacional. El Perú no debe convertir una opinión, una recomendación o una resolución de la Corte IDH que contravenga su soberanía, en este caso jurisdiccional. Como Estado constantemente agredido debería apoyar las propuestas que buscan desideologizarla. Quijotes, no se trata de denunciar todo tratado internacional que busque garantizar la no violación de los derechos humanos que podrían estar siendo violados; pero, tampoco se trata de someternos a organismos internacionales abiertamente ideologizados.

Hermanos peruanos, soy de la opinión que, como Estado soberano, mientras la CIDH y la Corte IDH esté tomada por progresistas, socialistas y caviares, el Perú debe iniciar el proceso de denuncia para su retiro; siendo que habrá tiempos mejores en la que sea conveniente retornar.

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