¡Se olvidaron de los informales!

Resulta difícil acostumbrarse a una realidad tan cambiante como es la paralización de toda actividad que nos rodee, sin que haya ocurrido alguna catástrofe. Los estados de emergencia suelen instituirse, justamente, como consecuencia de alguna calamidad. Como aquella vivida en tiempos del terrorismo. Pero rara vez como resultado de una pandemia, como ha ocurrido en esta oportunidad. En la percepción ciudadana, esto no es tan fácil de asimilar. Cuesta acostumbrarse. Es lo que sucedió ayer como primer día de esta cuarentena generalizada. Porque sin duda la inmensa mayoría de nuestra sociedad aún se siente sana y vigorosa, pero aún así deberá quedarse encerrada en sus hogares por –no menos de- quince días. Nuestras mayorías son muy asiduas a eludir las normas, pasando por alto que, en este caso, las directivas no solo van en bienestar de cada persona sino en el de quienes tengan contacto directo y/o indirecto con ellas. Recordemos que el propósito es proteger a la población más vulnerable del contagio del Covid-19. Pero ayer comprobábamos que mucha gente salía a las calles pretendiendo seguir viviendo como si nada pasara. Y se encontraron con contingentes de policías y militares que se lo impidieron. Evidentemente, hablamos de una cuestión de conciencia cívica y de sentido de responsabilidad, cualidades de las que adolecen los genes criollos. Sin embargo, existe otro segmento de la población –sin duda el más vasto de todos, que es el de los informales- que no podría darse el lujo de permanecer dos semanas en sus hogares, sin producir.

Pretender que tamaña población se quede acantonada sin llevar el “diario” a su familia es una reverenda tontería. Absurdamente, este caso no lo considera el decreto que establece el Estado de Emergencia, siendo una coyuntura que reviste capital importancia.
Apostilla. Señalamos líneas arriba que el decreto en cuestión establece la suspensión de las garantías constitucionales por quince días. Pero ciertos epidemiólogos estiman que este plazo es insuficiente. Voces entendidas hablan de “al menos tres semanas” para cortar el ciclo de maduración del virus de marras. Lo que significaría que, al final del día, sea ese el verdadero plazo de vigencia de la norma que ha paralizado el país. En consecuencia, resultaría humanamente imposible que el 70% de la población –los informales- subsista sin ingresos durante este período. Las eventualidades que ocurra algún levantamiento no son pocas. Lo mismo que serían altísimas las viabilidades de un maremoto delincuencial de gran calado. Porque de lo que estamos hablando es de la subsistencia misma de esta inmensa población. Una demografía que, dicho sea de paso, crecerá más cada día porque, junto con ella, la economía nacional se encuentra crecientemente estancada. Esto ahonda la contingencia de despidos de trabajadores formales que, automáticamente, pasarían a engrosar el estimado 70% de informalidad. Decimos “estimado” porque, como muestra de nuestro subdesarrollo, no tenemos una estadística oficial de semejante espectro poblacional. Y sabemos que la informalidad constituye un dinamo fundamental para que el Perú pueda continuar manteniendo su jadeante estatus productivo, en correlato con sus reales necesidades de consumo.