Se les fue «Hinostroza»

Se les “destrozó” la esperanza de procesar penalmente al magistrado César José Hinostroza Pariachi que en diciembre de 2015 fue nombrado juez supremo titular y que llegó a ser presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. El 17/10/2018 el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema resolvió su detención provisional y ordenó su captura, pero el 18/10/ 2018 fugó a España vía Ecuador.

Ya en julio de 2018 tenía abierta una investigación debido a que se hicieron públicos audios de diversos miembros de la judicatura implicados en tráfico de influencias y corrupción. Fue detenido en España por orden de captura de Interpol pero el 11/04/2019 fue liberado provisionalmente en la Península mientras se resolviera su proceso de extradición.

El 12/07/2018 el Poder Judicial había dispuesto que dejara la presidencia de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez lo reubicó en la Sala de Derecho Constitucional. Le formularon los cargos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, negociación incompatible, cohecho pasivo. Resolvieron penalmente 18 meses “comparecencia” con restricciones.

Las autoridades judiciales de España “tramitaban lentamente” el pedido de su extradición dictado legalmente en el Perú. Inicialmente estuvo detenido, pero le dieron libertad provisional mientras se resolvía su extradición. El 28/06/2023 debían proceder a su extradición al Perú, pero el “muy sabido” “aprovechando su libertad” fugó a Bélgica, probablemente con el objetivo de salir de la Unión Europea. Aún no se sabe con precisión la fecha de su fuga. En el Perú ahora ofrecen la “recompensa” de S/ 150,000 a quien “dé razón” de su paradero. Tales hechos evidencian mucho.

Primero que la corrupción ha llegado hasta magistrados del Poder Judicial. Hinostroza está también envuelto en la pandilla de los “Cuellos Blancos del Callao”. Segundo, que la administración de justicia es lentísima no solamente en el Perú, con lo que se favorece a los investigados por delitos. Tercero, las peruanas autoridades judiciales y administrativas no adoptaron medidas de seguridad para evitar su fuga del Perú y después no ejercieron eficiente defensa legal en España para acelerar el proceso de su extradición y no se opusieron a que allí se le conceda “libertad provisional”.

Los administradores de justicia demuestran que “son lentos”. En este caso, ¿sería porque el procesado era un juez supremo?

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