Se acerca el fin del vizcarrismo institucional

Martin Vizcarra rompió el orden constitucional el 30/09/2019. Cerró arbitrariamente el Congreso de la República, valiéndose de una argucia conceptual insostenible -la “denegación fáctica” que sostuvieron con vergüenza algunos pocos profesores universitarios como Cairo- perpetró un asalto a la democracia. Ésto ya no es una opinión, es un asunto que el Tribunal Constitucional ha establecido como verdad histórica. Vizcarra, además de un corrupto, es un golpista.
Esto fue solamente la cúspide de las arbitrariedades que Vizcarra y sus aliados impulsaron contra la institucionalidad democrática. Intervinieron el Ministerio Público para todo efecto práctico en donde suspendieron a los fiscales supremos incómodos y empoderaron a sus afines, además de a sus hienas del Equipo Especial Lava Jato, que, más que para perseguir a Odebrecht, fueron funcionales para arrinconar a la oposición política del gobierno de la coalición vizcarrista. Esta coalición y sus amigos evitaron la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, mantuvieron paralizadas las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima para evitar que coloquen a su representante en el Jurado Nacional de Elecciones y mantuvieron presionado al Poder Judicial usando su gran influencia política y la de alguna ONG muy relacionada con los órganos de justicia. La Defensoría del Pueblo tampoco se renovó pues bloquearon esta posibilidad. La creación suprema de Vizcarra, que fue instrumento para algunas de estas maniobras, fue la Junta Nacional de Justicia, que se conformó además en una perspectiva de puerta giratoria institucional. Su mismo nacimiento es polémico desde el orden constitucional y venía además marcado por la impronta política del moqueguano.

El TC ya está renovado, la Defensoría del Pueblo también, el CAL tuvo por fin sus elecciones y colocó en el JNE a un magistrado neutral, la mirada institucional se está recuperando en el MP y en el PJ. Es turno de que ese fallo histórico y desmesurado de la JNJ se regularice. Tienen una magistrada -Ines Tello- que debía haber salido hace alrededor de 3 años y que incluso la presidió; ello es una falta grave insalvable. La intromisión grosera de la JNJ en asuntos fuera de su competencia y la falta de información y transparencia respecto a los pedidos del Parlamento coronan además una escena que se orienta a su colapso. Dicho sea de paso ni las irregularidades ni la provisionalidad y temporalidad de jueces y fiscales por las que se caracterizó el Consejo Nacional de la Magistratura -institución precedente a la JNJ- se han corregido en estos años por este colegiado.
La recuperación institucional del Perú sin duda pasa por reformar la JNJ y ello además implica la destitución de los actuales magistrados. Que se elijan por un mecanismo nuevo a los próximos integrantes. Además hay que señalar que esta acción está plenamente enmarcada en los márgenes constitucionales. Quien argumente que ésto puede evidenciar una “dictadura parlamentaria” está haciendo demagogia o actúa por ignorancia o por defender intereses.
Al caer la JNJ, veremos cómo inmediatamente los vientos judiciales de Vizcarra se tornan bastante duros. No es para menos, ya que el “lagarto” tiene 52 juicios, más Chinchero, VacunaGate y otras perlas. Su impunidad debe terminar. El país debe seguir sanando del desastre que impulsó a sangre fría en esos años.

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