A sangre fría

Tras el procedimiento de acusación constitucional, el Congreso de la República tiene la facultad de imponer sanciones de carácter político, siendo una de estas, la inhabilitación política. Esta medida, a pesar de su carácter discrecional, no es arbitraria sino que está sujeta a criterios de razonabilidad constitucional y es impuesta a altos funcionarios del Estado.

En el caso de Martín Vizcarra, esta sanción se le aplicó en su calidad de expresidente de la República, quien será recordado por los cuestionamientos a su gestión ineficiente y por presunto actos de corrupción en la gestión de la pandemia covid-19.

Recordemos que la primera inhabilitación política procede del anterior Congreso que en el año 2021 lo encontró responsable de haber cometido infracciones constitucionales configuradas en el caso conocido como “vacunagate” tras revelarse que se vacunó con dosis adicionales de Sinopharm, además de otros miembros de su familia. Este solo acto de total indolencia lo pintó de cuerpo entero ante la tragedia que vivieron miles de peruanos al no poder acceder a una vacuna que incluso aún no eran distribuidas en su totalidad resultando insuficientes, mientras los peruanos nos sujetábamos a estrictos cronogramas de vacunación.

En agosto de 2020, la Defensoría del Pueblo criticó la deficiente gestión del exmandatario señalando que a pesar de las estrictas medidas de confinamiento y cierres de fronteras, el número de contagios aumentaba de forma alarmante sin que exista una respuesta inmediata y efectiva por parte del Gobierno, impactando gravemente no solo en el derecho a la salud de las personas sino en el derecho al trabajo, tras la pérdida de 6 millones de empleos a nivel nacional, solo en ese periodo de gestión.

Otro de los derechos vulnerados fue el acceso a la información pública a través de los portales oficiales de la pandemia que no comunicaban con transparencia el estado actualizado de los casos de contagio y mortalidad, sin conocerse su real impacto.

Cómo olvidar a Celia Capira corriendo tras la comitiva presidencial, cómo ignorar que él estuvo a unos metros de ella y no hizo caso de sus gritos, de su llanto porque quería salvar la vida de su esposo internado. Ella quería que él vea la realidad de los hospitales, de las carpas montadas de forma improvisada, a los pacientes aguardando en autos, tirados en las veredas, pero él no se detuvo, él siguió de frente, como pretende ahora seguir en política sin rendir cuentas aún a la justicia.

Sobre él pesa también otra inhabilitación política de 5 años por haber encontrado conflicto de intereses al ser accionista de CyM Vizcarra S.A.C y no haber renunciado a sus acciones en el ejercicio de su mandato. Hoy su partido está por inscribirse con él a la cabeza, inhabilitado y, en consecuencia, impedido de formar parte de una organización política tras la aplicación de la sanción, pero a él no le importa. Sangre fría, ante todo.

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