Saneamiento moral e institucional…

Si bien se notaba un trastocamiento institucional desde que los que se arrogaban la condición de reserva moral del país iban cooptando diversas instituciones públicas y especialmente todo el sistema de justicia, jamás nadie imaginó que organizaciones extrañas a las entidades del sistema de justicia y a otros entes del sector público controlaran la gestión y hasta la administración de todas ellas, manipulando a su antojo las jerarquías y las funciones, hasta el punto de quebrar groseramente la institucionalidad con su secuela de corrupción posterior.
Nos concentraremos en la época del expresidente Vizcarra hasta el frustrado régimen del profesor Castillo para recordar el modo en que sujetos inescrupulosos, adláteres de los expresidentes, eran los que, desde Palacio o con la anuencia de este, dominaban todos los sectores estatales de manera cínica y grosera, con una prepotencia que, con posterioridad, mostró la real dimensión de la corrupción que eso generaba, tanto que en la época de la pandemia nos costó más de medio millón de peruanos muertos de la peor manera o en unidades de cuidados intensivos que no cuidaban nada y que escaseaban por doquier: en las calles, en las casas o en cualquier sitio donde la asfixia por la falta de oxígeno los mataba. No había a quién reclamar.
En el sistema de justicia se hizo patente el poder de cualquier fiscal de la Nación, porque una alianza con cualquier sector predominante en la política lo convertía en un instrumento que, a su vez, instrumentalizaba la función fiscal a favor del aliado y en contra de los adversarios de este, pero valiéndose de aliados internos dispuestos a someterse a los designios de padrinos o protectores.
Llegamos al extremo de ver que en la Fiscalía no era el fiscal de la Nación quien ejercía la titularidad y representación de la entidad, sino que se convertía con facilidad en presa de cualquier fiscal provincial, aunque también se mostraban fiscales supremos otorgando puestos de prevalencia en investigaciones paradigmáticas a sus incondicionales, dándoles tanto poder que las secuelas de corrupción comienzan a verse en el presente.
En el Poder Judicial no conocemos una política general de gobierno ni plan de desarrollo alguno, y únicamente nos cantan la historia del expediente electrónico y de los juzgados de flagrancia, que hasta la fecha no han mostrado casi ninguna eficacia en la mejora del sistema.
Las entidades públicas en general se han contaminado con una terrible imagen de corrupción e incompetencia, y la población ha perdido casi toda credibilidad en ellas, no porque unos pierdan y otros ganen, sino porque en todo sitio el usuario es maltratado impunemente y jamás encuentra transparencia y buena voluntad.
Es necesaria, entonces, una limpieza moral en todo nivel. Las formas y los modos deben ser debidamente pensados y ejecutados, aunque el problema es que nadie en el país cree o conoce gente en la cual confiar por su honradez pública.

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