¿Sálvese quien pueda?…

Estamos viviendo el inicio del desenlace de esta guerra política por el control del poder en un Estado que está dejando de serlo desde que el engranaje caviar con una gigantesca capacidad ofensiva, desde el inicio del año dos mil se convirtió en el poder desde las sombras imponiendo gobernantes e infiltrando todos los sectores estatales, paralizando a los agentes productivos y a todo el empresariado, manipulando la base social con prédicas vacías de justicia social y asumiendo la dirección de la línea editorial de casi todos los medios de comunicación fue direccionando una política económica populista y autodestructiva que luego, en alianza con los sectores del ultraizquierdismo, nos ha conducido a este desmadre político y económico que dejaremos como herencia a nuestros hijos.

El corolario de este proceso de cooptación fue la elección del innombrable Pedro Castillo como presidente de la República quien, en el poco tiempo que estuvo en el poder hasta su fallido golpe de Estado que lo llevó a prisión, consolidó la plataforma de demolición estatal y la gran corrupción que destruye por completo la conciencia y la moral de la nación, culminando el proyecto elaborado y ejecutado por Vizcarra.
A la caída de Castillo y la asunción de la señora Boluarte a nadie le interesó si la presidente había abdicado de su ideología comunista plasmada en el plan de gobierno de Perú Libre y si realmente se había desvinculado del grupo de Cerrón, omisión que siempre hemos considerado de mucho peligro porque con un disfraz social demócrata podía continuar el proceso de demolición con un primer ministro que viene del gobierno humalista y con un hermano con mucha influencia en el sector Interior y en el mismo Ejecutivo que está construyendo un nuevo partido político cuya orientación ya podemos imaginar.

En este contexto, la mayoría del Congreso inició una ofensiva para desarticular el poder caviar y vizcarrista saneando la fiscalía y lanzándose contra la JNJ para destituir a sus integrantes, manteniendo un pacto tácito de no agresión con el Ejecutivo sin percatarse que estaban desatando una guerra también contra agentes externos cuya parte visible surge de la CIDH.

Ahora estamos presenciando la contraofensiva que amenaza barrer del escenario a la actual FN imputándole encabezar una presunta organización criminal que involucraría a muchos congresistas contra quienes también llegaría el aparato legal, imputación que, respaldada con indicios insuficientes, sirvió para activar a la JNJ para sacar de la escena a la fiscal para que el vizcarrismo recupere el control de aquella institución, con una prensa que arremetió contra la FN y la aparición de una propaganda avasallante, provocando la desatinada respuesta de la fiscalía al denunciar constitucionalmente a la presidente Boluarte y varios ministros.

Ahora van a multiplicarse las denuncias constitucionales, se paralizará el Congreso porque hay que identificar e investigar a cada bancada, el Ejecutivo está también desestabilizado y el poder oculto va por su presa.

¿Quién tiene legitimidad?

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