Salgamos de la Corte IDH y apliquemos la pena de muerte

La primera vez que propuse denunciar (salir de) la Convención Americana de Derechos Humanos –vigente desde 1978–, para aplicar la pena de muerte en el Perú, fue hace más de 15 años y muchos juristas y políticos me decían que eso era imposible y que debía olvidarlo. Por la desgraciada realidad de los peruanos, hacerlo se ha convertido en una imperiosa necesidad nacional. En efecto, la realidad sigue imponiéndose al derecho que debe adecuarse a las nuevas circunstancias, que, en nuestro país, son muy graves y penosas. Salir del Pacto deberá hacerse, eso sí, en democracia, y con estricto apego al derecho internacional. Por tanto, cualquier decisión en contrario, nos pondría en acto marginal a la juridicidad interamericana, y constituiría, eso sí, una flagrante violación de derechos humanos. ¿Qué significa lo que acabo de decir?, pues, que, si este gobierno o el que venga decide la referida denuncia de la Convención, entonces, debemos cumplir rigurosamente el procedimiento para dejar la Corte. En otras palabras, tomada la decisión y comunicada a la Secretaría General de la OEA, surtirá efecto para el Perú la referida denuncia, únicamente desde el día siguiente al final del plazo establecido con rigor para dejar el instrumento, que es un año, conforme el artículo 78° del Pacto de San José y nunca antes. Por tanto, aplicar la pena de muerte retroactivamente, es decir, para imputaciones anteriores a la aprobación de la pena muerte y al plazo que nos liberará del Pacto, será un acto antijurídico, nulo, ilegítimo y arbitrario, configurando técnicamente violación de derechos humanos. Conviene recordar que la pena de muerte ya está contemplada en la Constitución de 1993 y está vigente para el caso del delito de traición a la patria durante una guerra externa, y se aplicará, ipso iure, para el caso de terrorismo pues, como el delito de traición a la patria, está previsto en el artículo 140° de nuestra Carta Magna. Mi propuesta se circunscribe a la aplicación de la pena de muerte a los violadores sexuales de menores de edad que fallecen como consecuencia del ultraje, a la luz del espantoso aumento de delitos sexuales, sobre todo en los espacios altoandinos y en el oriente peruano. Para los depravados la pena de cadena perpetua es un premio y no debemos permitirlo. La criminalística ha demostrado que carecen del sentimiento de arrepentimiento y de la actitud de resocialización porque están dominados por el animus de la reincidencia sin límites. Más adelante deberá extenderse a otros delincuentes. Apúrense en decidir dejar el Pacto de San José, haciéndolo con la Constitución y el Código Penal en la mano, de lo contrario, vamos a colapsar dominados por la barbarie. Mirando el infierno en que vivimos, el candidato que diga sin demagogias que lo hará, y que la gente le crea, será el próximo presidente del Perú.

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