Salas Arenas debe irse

El gobierno de Pedro Castillo se descompone aceleradamente. Atravesado por la corrupción desde el inicio, hoy evidencia lo que afirmábamos hace unos meses: en Palacio de Gobierno conviven varias organizaciones criminales en pugna; el secretario, los sobrinos, el amigo-cómplice ministro; todos prófugos. Pero además la gente del condenado por corrupción Vladimir Cerrón y su partido “Perú Libre” con importante influencia y decisión en varios momentos en distintas carteras ministeriales. Supieron pulular alrededor del sombrero también Verónika Mendoza y Vizcarra, incluso colocando aliados en puestos públicos. Castillo decidió en buena cuenta lotizar el Ejecutivo y repartir cuotas de poder, sin proyecto país ni idea fuerza común aglutinadora al tiempo que sus mafias aliadas intentaban robar todo lo que podían en el proceso. Un cóctel perfecto para el desastre.

La salida de Mariano González del Ministerio del Interior confirma con absoluta claridad el interés de Castillo por proteger a Silva, Pacheco y sus sobrinos de ser ubicados y por tanto interrogados. Es un manotazo de un hombre que se sabe acorralado por las circunstancias. Era evidente, pero con lo ocurrido con González se hace ya innegable. La actitud del falso profesor con el extitular del Mininter es un certificado de incapacidad moral.

La oposición parlamentaria por su lado cosecha descrédito popular por torpezas como los beneficios autootorgados por seis meses de la Mesa Directiva de María Carmen Alva y sobre todo por la incapacidad de colocar en el debate legislativo temas que los validen socialmente. Sin una agenda social la resistencia al Ejecutivo parece, vista por las regiones y los sectores populares, como una lucha por el poder sin contenido, indolente ante los dolores del pueblo.

Si a esto le sumamos a los “niños” de Acción Popular, y a la sinuosidad de los clanes familiar-educativos del acuñismo y Podemos, la desfiguración del Congreso ante la gente es inmensa.

Aprovechando este panorama el vizcarrismo y lo que queda del Partido Morado, entre otros sectores, proponen elecciones anticipadas de inmediato, a través de un acuerdo político en el Parlamento. La ruta, que tiene a Sagasti como principal vocero, del “que se vayan todos” no es constitucional, requeriría modificaciones similares a las realizadas en el contexto de Fujimori/Paniagua siendo momentos históricos muy disímiles. Además el morado expresidente plantea que Dina Boluarte conduzca una suerte de transición de un año antes de elecciones generales.

Considero que este planteamiento es enredado y equivocado; la ruta democrática-institucional está prevista en la Constitución y ante el contexto social tan desmejorado pienso que debemos mantener un orden mínimo. Ante cualquier eventual precipitación electoral lo urgente es remover a las autoridades electorales cuestionadas por amplios sectores. No podemos ir a un proceso de elecciones anticipadas con Salas Arenas como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Está jurídicamente acreditado que bajo su mandato se lesionó el derecho de participación política del PPC, pronto los tribunales determinarán que lo ocurrido con el Apra también fue una inmensa arbitrariedad. En estos mismos momentos el presidente del JNE está procediendo con polémica respecto a exclusiones de numerosos candidatos en las elecciones regionales y locales. Salas Arenas debe irse y el Congreso debiera priorizar ese asunto. Sin ello cualquier cambio valdrá poco o nada.

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