Riesgo país: modo Fiscalía

La Fiscalía de la Nación ha dejado de ser una garantía de legalidad para convertirse en una amenaza para la estabilidad en el Perú. Su función primordial, asegurar el debido proceso y la administración de justicia en el ámbito penal, se ha desfigurado, otorgándole el estatus de factor de riesgo país.
El conflicto entre Patricia Benavides y Delia Espinoza trasciende la simple disputa entre dos fiscales, porque revela las grietas de un sistema judicial politizado, fragmentado y sin controles eficaces. Esta crisis institucional ha llegado a un punto álgido: compromete la gobernabilidad, socava la confianza empresarial, detiene la inversión y afecta la percepción internacional del país.
No podremos avanzar si seguimos ignorando que la raíz del problema es jurídica, política y estructural. Esta situación no es nueva, pero se ha agravado peligrosamente. Desde los noventa, el Código Penal —que introdujo delitos económicos— ha sido caldo de cultivo para ambigüedades, ofreciendo a los fiscales un margen de interpretación discrecional en delitos como el lavado de activos, la elusión tributaria o el abuso de posición dominante.
Esto ha llegado al punto en que decisiones empresariales legítimas pueden ser criminalizadas sin pruebas claras ni demostración de intencionalidad. Basta con ser visible para ser acusado, evidenciando un problema no solo jurídico, sino sistémico. La capacidad de un fiscal para iniciar investigaciones puede paralizar proyectos, bloquear operaciones o demoler reputaciones sin mecanismos reales de rendición de cuentas.
Así se instaura un clima de temor que frena la toma de decisiones e inhibe la inversión. No son simples hipótesis, sino realidades que afectan a múltiples sectores. Empresarios, ejecutivos y ciudadanos enfrentan la incertidumbre de un sistema fiscal desbalanceado. La Junta Nacional de Justicia, en lugar de corregir, es otro actor ignorado. El Congreso sigue su agenda, mientras que el Ejecutivo guarda silencio. ¿Quién defiende al país de los acusadores? ¡Nadie!
El daño acumulado repercute internacionalmente, aumentando el costo del financiamiento externo y desalentando al inversionista. El riesgo país no solo depende de la macroeconomía, sino de nuestra capacidad de asegurar justicia auténtica, no persecutoria. La inseguridad jurídica obliga a los inversionistas, nacionales y extranjeros, a revaluar dónde colocar su capital, considerando no solo lo económico o político, sino también la fiabilidad y transparencia del sistema judicial.
Hoy, lamentablemente, el Perú no cumple con esas expectativas. La discrecionalidad fiscal y la ausencia de contrapesos han hecho que liderar una empresa implique un riesgo penal desproporcionado. La justicia, en lugar de proteger la actividad empresarial legal, ha empezado a castigarla. Esto afecta la inversión, los costos financieros y la reputación internacional del país.
Es urgente desactivar este modo de riesgo institucional con una reforma profunda del enfoque penal económico, delimitando claramente los delitos y estableciendo criterios técnicos rigurosos para las investigaciones fiscales. Se debe despolitizar el Ministerio Público y fortalecer sus mecanismos de control, devolviéndole su rol esencial: servir a la justicia y no a las coyunturas.
Además, urge una campaña de comunicación estratégica que reivindique la imagen de un Perú confiable y apegado a la ley. Se necesita liderazgo firme, sin cálculos políticos, con integridad moral. Porque el exceso de poder convierte a la justicia en amenaza. Como dijo Montesquieu: “No es justo algo solo porque sea ley. Debe ser ley porque es justo”.

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